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Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA) presentaron un documento con propuestas ciudadanas, para ayudar a aquellas personas que hoy por hoy no pueden sacar su escritura de propiedad. Foto Diario Co Latino/Samuel Amaya

350,000 familias están sin escrituras en El Salvador

Samuel Amaya
@SamuelAmaya98

Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA) se manifestaron en las afueras de la Asamblea Legislativa. Desde hace un tiempo presentaron un documento con propuestas ciudadanas para reformar la Ley Especial para la Inscripción y Parcelaciones para uso habitacional antiguas e irregulares, es decir, para ayudar a aquellas personas que hoy por hoy no pueden sacar su escritura de propiedad porque la lotificación no cumple con los requisitos de ley.

“Estamos hablando de más de 350,000 familias a nivel nacional, las cuales están siendo afectadas con sus títulos de propiedad, esto como producto del incumplimiento de los contratos de las diferentes lotificadoras. Nosotros como COFOA hemos estado de la mano con las comunidades desde las diferentes iglesias para investigar las familias afectadas por esta problemática”, señaló Rafael Hernández, abogado y miembro de COFOA.

La organización en los departamentos de La Paz, San Salvador, Sonsonate, La Libertad y Cuscatlán, tienen aglutinadas a más de 28 lotificaciones, equivalente a 500 familias.  Existen tres propuestas de ley respecto a las lotificaciones en la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea, una del FMLN, una de ARENA y una del Ministerio de Vivienda. “Al estudiar cada una de ellas hay elementos que no son tomados en cuenta como son: los aranceles, un proceso administrativo definido con cada uno de sus tiempos y requisitos que debería estar plasmando dentro de la ley, y también estamos hablando sobre sanciones de los lotificadores. Nosotros como parte tutora de derechos humanos y COFOA, hemos tomado a bien sugerirle que esos elementos son importantes”, indicó Claudia Soriano, representante de COFOA.

“Solo el 3 % de la cantidad de lotificadores en estado irregular han sido las que se han sometido al proceso de legalización, lo cual implica que los lotificadores ven de forma negativa el realizar este trámite porque claramente eso implica costos, tiempo y recursos que probablemente ellos ya no quieren estar haciendo, porque claramente ya no les afecta”, señaló Soriano.

“Ellos ya obtuvieron su ganancia que fue comercializar cada una de ellas, hoy por hoy el problema se lo trasladaron al lote-habiente, quien es el que no puede tener una escritura y eso no le da una seguridad jurídica y tampoco le garantiza el derecho de su propiedad, el derecho de vivienda digna porque ellos no pueden disponer libremente de sus bienes”, comentó Claudia Soriano. Los manifestantes señalaron que cancelaron sus viviendas hace más de veinte años pero que hasta la fecha no les dieron sus escrituras. COFOA argumentó que este hecho sucedió por “la falta de una legislación que obligara a las lotificadores a cumplir con los requerimientos. El problema fue que en ese tiempo se vendieron muchos lotes y ni siquiera había planos, se construyeron lotificaciones en barrancos, es decir, sin ningún requerimiento técnico, entonces, los salvadoreños al momento de tener su escritura de compra-venta, a la hora de inscribirla en el Centro Nacional de Registro (CNR), esta se las niega por no que no tuvo los requerimientos mínimos”, señaló Rafael Hernández.

Patricia de González, de COFOA, exigió una ley que pueda apoyar a todos los afectados para tener las escrituras, porque “es un derecho a una vivienda digna”, resaltó. También agregó que muchas personas de todos los departamentos del país solicitan ese derecho, “por eso estamos presentes en la Asamblea Legislativa para que se nos tome en cuenta y nos pueda dar ese derecho a todos los que nos estamos manifestando para tener una casa legal, ya que es una familia que nos está respaldando atrás de nosotros, que de igual forma quieren las escrituras”.

Todo esto es consecuencia de la falta de una legislación clara. Además, COFOA puntualizó que encontraron esos vacíos en los tres proyectos de ley, por lo que espera que se tomen a bien por la Comisión de Obras Públicas y que en esta ocasión legisle en favor de las mayorías y pueda emitir una ley en pro de las 350,000 familias que están en el limbo.

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