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Por David Alfaro
16/01/2026
En enero de 1992, El Salvador cerró uno de los capítulos más dolorosos de su historia al firmar los Acuerdos de Paz, poniendo fin a doce años de guerra civil que dejaron más de 75 mil muertos, miles de desaparecidos y una sociedad profundamente fracturada. Aquella firma despertó la esperanza de un país cansado de la violencia y deseoso de iniciar una etapa distinta. Sin embargo, con el paso del tiempo quedó claro que la paz no era un punto de llegada, sino un proceso largo y complejo.
Hoy, treinta y cuatro años después, los Acuerdos siguen generando debate. No fueron una solución mágica, pero tampoco un simple trámite para silenciar las armas. Analizarlos con honestidad implica reconocer tanto lo que sí se logró como lo que nunca se quiso o no se pudo hacer.
Entre los principales logros está, sin duda, el fin del conflicto armado. Detener la guerra significó un alivio inmenso para un país agotado por la muerte y el miedo. A esto se sumaron reformas institucionales importantes: la depuración de las Fuerzas Armadas, la desaparición de cuerpos de seguridad represivos y la creación de la Policía Nacional Civil como institución civil. También se dio la desmovilización de miles de combatientes y la incorporación del FMLN a la vida política legal. La Comisión de la Verdad permitió, al menos, nombrar el horror y reconocer a las víctimas.
Pero la paz quedó corta. Las causas profundas del conflicto nunca fueron enfrentadas con seriedad. La desigualdad social siguió intacta y, en muchos casos, se profundizó con la implementación de políticas neoliberales que concentraron la riqueza y precarizaron la vida de la mayoría. La impunidad se volvió norma. La Ley de Amnistía de 1993 cerró las puertas a la justicia y protegió a responsables de crímenes graves, dejando a las víctimas sin verdad plena ni reparación.
La inseguridad que marcó las décadas siguientes no surgió de la nada. La reinserción de excombatientes fue deficiente y el país se convirtió en terreno fértil para nuevas violencias, incluyendo el crecimiento de las pandillas, alimentadas por la exclusión, la pobreza y las deportaciones masivas desde Estados Unidos. Para muchos salvadoreños, la paz terminó siendo un acuerdo entre élites políticas, económicas y dirigencias armadas, lejos de las necesidades reales del pueblo.
La historia demuestra que la paz es mucho más que la ausencia de guerra. Es justicia, oportunidades, dignidad y participación. Nada de eso se construye solo con firmas ni discursos. Hoy, a más de tres décadas de los Acuerdos, sus logros parecen desdibujarse frente a la desigualdad persistente, la migración forzada, el desencanto social y el regreso a la dictadura.
Los Acuerdos de Paz fueron un paso histórico necesario, pero incompleto. Recordarlos no debe servir para romantizarlos ni para despreciarlos, sino para entender que el verdadero cambio nunca se asumió con responsabilidad. La deuda sigue abierta.
El camino hacia una paz real sigue abierto, pero hoy El Salvador vuelve a vivir bajo una dictadura. La pregunta ya no es solo si las nuevas generaciones aprenderán del pasado, sino si serán capaces de romper el ciclo del autoritarismo y exigir un país verdaderamente justo.
