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Con documentos que muestran la actividad laboral de los detenidos injustamente, familiares hacen un plantón en la Asamblea Legislativa. Foto: Diario Co Latino / Samuel Amaya.

“Ya va a venir, solo a tomarle datos vamos a la delegación”, frase de una detención arbitraria

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

“Los policías y soldados llegaron a preguntar si había jóvenes viviendo en mi casa; yo les dije que sí, estaban mis dos hijos, los sacaron y les preguntaron si habían estado detenidos, (los jóvenes) le respondieron que no. A uno me lo entraron y al otro me lo dejaron afuera. A él le hicieron preguntas, si trabajaba y a dónde, lo buscaron en el sistema con el DUI y no tenía delitos, entonces, un policía le preguntó a otro que si se lo iban a llevar o lo iban a dejar -no, llevémoslo-, le dijo”, es el relato de Cecilia Méndez una madre que exige justicia para su hijo detenido arbitrariamente en el Régimen de Excepción.

Al joven le pidieron que se pusiera una camisa ya que se encontraba descansando, la madre preguntó a los agentes: “¿por qué se lo van a llevar?”, a lo que el agente le contestó: “no, ya va a venir, solo a tomarle datos vamos a la delegación”. La madre: “pero si ya lo verificó, por qué se lo va a llevar”. Agente: “es que a veces aquí no sale y allá sí”.

“Yo me confié porque no lo esposaron, él iba caminando normal, me dejaron un número de teléfono y cuando llamé me dijeron que iba a quedar detenido por agrupaciones ilícitas”, expuso Cecilia Méndez, parte de la plática que tuvo con los agentes de seguridad ese domingo 24 de abril, día en que se llevaron a uno de sus dos hijos.

Desde ese día no sabe nada de su hijo. “Él no tiene tatuajes, tenía un trabajo fijo en una empresa de aire acondicionado, no es delincuente ni pasa en la calle, solo del trabajo a la casa y ahora lamentable no sé nada de él”, lamentó.

“Yo no estoy en contra de que atrapen a los que son delincuentes, pero que agarren a los que realmente son delincuentes no a cualquier persona, porque a la colonia llegan a traer solo a jóvenes, por el simple hecho de ser jóvenes y vivir en un lugar de gente pobre y humilde, que no tenemos la capacidad de pagar un abogado, no es justo”, concluyó la madre.

Así como Cecilia, decenas de familiares de personas detenidas exigieron ayer en las afueras de la Asamblea Legislativa la derogatoria inmediata del Régimen de Excepción.

“Yo vengo a hablar por mi hija, que está presa y me ha dejado con dos niñas. Yo no tengo ayuda de nadie, esta venida yo la he hecho con todo mi corazón, pidiéndole al señor que me de fuerzas”, comentó otra madre en las afueras de la Asamblea exigiendo que su hija, señalada injustamente de agrupaciones ilícitas luego de una llamada de forma anónima, sea liberada.

Marta Elena González llega con su hija a la Asamblea Legislativa para alza su voz para exigir la liberación de su compañero de vida.
Foto: Diario Co Latino / Samuel Amaya

En ese contexto los familiares de personas detenidas injustamente en Estado de Excepción han conformado el “Movimiento de Víctimas del Régimen”, en el cual denuncian las violaciones a los derechos humanos que el Gobierno de Bukele comete contra la ciudadanía.

Dicho movimiento expresó su preocupación por los miles de capturas arbitrarias que se han generado con la implantación del Régimen de Excepción, el cual ha sido utilizado por la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República para “perseguir, denigrar y encarcelar a personas pobres que su único pecado es vivir en zonas con presencia de pandillas o maras, y a quienes se les acusa con ser miembros de dichas asociaciones ilícitas”.

A esas personas se les han violentado los derechos fundamentales, como la libertad e integridad personal presunción de inocencia, debido proceso, derecho a una defensa técnica, salud y vida. Por lo que, exigieron la derogatoria inmediata de la herramienta estatal, libertad y reparación para las personas detenidas injustamente, así como el cese de la violación a los derechos humanos.

Simultáneamente ayer en horas de la mañana, familiares de detenidos arbitrariamente en Usulután y Morazán presentaron 37 Habeas Corpus ante la Corte Suprema de Justicia; esta instancia junto a la UMO de la PNC obstaculizó interponer el recurso.

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