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Mirna Jiménez
@DiarioCoLatino
Un estimado de 200,000 personas cambiaron de domicilio en 2018 por motivos de la violencia en el país, revela un sondeo elaborado por la organización Cristosal y el Instituto de Opinión Pública de la UCA (IUDOP), manifestó la directora regional del programa, Celia Medrano.
“La cifra puede ser más alta. Muchas veces voceros gubernamentales tratan de refutar el no accionar programas específicos sobre este tema a partir de que no se conocen cifras oficiales, pero es que lo primero que hay que hacer es reconocer el fenómeno”, dijo la directora regional de Cristosal en entrevista con canal 12.
Medrano dijo que la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo primero que pide es que el Gobierno central reconozca el fenómeno y que se legisle al respecto.
“Lo primero que tenemos que hacer entonces es tomar conciencia de que si no se toman medidas ya, cualquier día el fenómeno nos va alcanzar a nosotros y también tomar conciencia de que también nuestro vecino, la persona que acaba de llegar a nuestra comunidad, probablemente ha vivido una situación de violencia y requiera nuestra solidaridad y sobre todo a que sea el Estado el responsable quien asuma de manera integral esta problemática”, agregó.
Además, la activista pro derechos humanos llamó a no criminalizar la migración porque la gente no lo hace por un pasatiempo, sino obligada por las circunstancias y recalcó la necesidad de reconocer oficialmente a las víctimas de violencia en condición de desplazamiento forzado; también pide a la Asamblea Legislativa crear una normativa específica para los desplazados internos.
“No migran, huyen para salvar sus vidas; mientras no asimilemos esto, vamos a estar criminalizando la migración”, afirmó.
En tanto, David Morales, director de Litigio Estratégico de Cristosal lamentó la indiferencia del Estado hacia las víctimas de las diferentes violencias y violaciones hacia los derechos humanos; en tal sentido recordó que la sentencia de la CSJ a favor de los desplazados por violencia debió ser cumplida hace meses. “Las víctimas de desplazamiento sufren de una dura condición por el desplazamiento en sí (precarización, ausencia de servicios básicos, desempleo, abandono de la escuela…), además han sufrido homicidios, desaparición de familiares, amenazas, extorsiones”, destacó.
Y una situación preocupante, según Morales, radica en que un aproximado del 12 % de los desplazamientos han sido cometidos por las fuerzas del Estado.
Sobre este mismo tema, Medrano dijo que desde mayo pasado se ha comenzado a verificar un fenómeno nuevo con el desplazamiento de estructuras delincuenciales hacia zonas con menor presencia de la seguridad del Estado, y el desplazamiento, a su vez, de familias desde estos lugares recién tomados por las pandillas.
