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Violación de derechos constitucionales podrían ser delitos penales: FUSADES

Alexander Pineda
@DiarioCoLatino

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) advirtió en un análisis sobre posibles consecuencias patrimoniales y penales en las que podría incurrir el Gobierno por la vulneración de derechos constitucionales.

Las disposiciones que vía decreto ha impuesto el órgano Ejecutivo, en el marco de la emergencia por la pandemia de COVID-19, han sido cuestionadas por amplios sectores de la sociedad civil por ser dictadas sin concurso de la Asamblea Legislativa y porque omiten órdenes de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia.

La institución expone que la misma Constitución de la República establece, en su artículo 245, que los funcionarios y empleados públicos deberán responder por daños materiales o morales que causen a consecuencia de la violación de derechos constitucionales.

Asimismo, el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos estipula que los afectados podrán reclamar una indemnización por daños sin necesidad de una sentencia judicial de amparo, aunque deberán abrir un proceso para el reclamo. Se señala, además, que podrán ser objeto de reclamos judiciales por daños todos los servidores públicos, desde el que toma decisiones (ministros, directores de autónomas) hasta el que ejecuta materialmente, como pueden ser miembros de cuerpos de seguridad pública y ejército, por ejemplo.

FUSADES plantea que, en el contexto de la emergencia, funcionarios podrían haber cometido delitos como privación de libertad, al retener a personas contra su voluntad sin un cuerpo de ley que lo faculte; limitación ilegal a la libertad de circulación, al restringir la libertad de tránsito sin una ley formal dictada por el Congreso; actos arbitrarios, al sobrepasar sus facultades legales y constitucionales; desobediencia, al desatender sentencias de obligatorio cumplimiento de la Sala de lo Constitucional y otras entidades, entre otros delitos.

En el análisis legal de la actuación gubernamental, la fundación expresa que funcionarios y empleados públicos no pueden argumentar que al violentar derechos fundamentales siguieron órdenes y remarca que serán tan responsables quienes ordenen un atropello de derechos como quienes lo ejecuten.

La organización civil llamó a los funcionarios a ejercer sus funciones dentro de la legalidad y recordó a la Fiscalía General de la República (FGR) que es su responsabilidad promover la acción penal y la investigación de delitos, ante las conductas del Gobierno en el contexto de la pandemia.

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