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martes , 17 octubre 2017
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Vigilia y plantón para exigir renuncia de magistrados
Entre velas y cánticos, habitantes de comunidades de Jiquilisco, en vigilia frente a la Corte Suprema de Justicia, exigen la renuncia de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Foto Diario Co Latino.

Vigilia y plantón para exigir renuncia de magistrados

Joaquín Salazar
Josué Parada
@DiarioCoLatino

La Sala de lo Constitucional es utilizada por la derecha para afectar al pueblo. Bajo la oscuridad de la noche, entre velas y cánticos, ciudadanos salvadoreños decidieron defender sus derechos, los cuales se encuentran en riesgo ante el bloqueo económico que realizan los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contra el Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén. Anoche, por cierto, en cadena de Radio y Televisión el Gobierno se declaró en emergencia ante la falta de liquidez “coyuntural”.

La comunidades organizadas de Jiquilisco, del “Bajo Lempa”, llegaron la tarde de este lunes, hasta las calles aledañas a la sede del Órgano Judicial, con la finalidad de hacer una vigilia, en la que piden al creador para que sensibilice a los magistrados de la Sala, ante el cometimiento de injusticias contra el pueblo salvadoreño.

“Venimos a lanzar un mensaje al pueblo salvadoreño, para que se una a la lucha justa, porque queremos pedir a Dios la sensibilización de estos magistrados, porque con una actitud prepotente le dicen al pueblo salvadoreño – nos van a tener que aguantar- creemos que son señores de doble moral, principalmente Belarmino Jaime”, dijo Raúl Franco, habitante de Jiquilisco.

Y es que ellos consideran que los magistrados de la Sala de lo Constitucional obedecen a una agenda de la ANEP, FUSADES y ARENA, porque las entidades de derecha no quieren dar la cara, por lo que hacen uso de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional para bloquear al Gobierno de turno y afectar directamente al pueblo.

Para los habitantes de Jiquilisco la actuación de los magistrados de la Sala de lo Constitucional es una amenaza para los programas sociales impulsados por el gobierno. Foto Diario Co Latino.

Para los habitantes de Jiquilisco la actuación de los magistrados de la Sala de lo Constitucional es una amenaza para los programas sociales impulsados por el gobierno. Foto Diario Co Latino.

“No es posible que estén en riesgo los programas sociales; estamos defendiendo los programas sociales, porque benefician a las grandes mayorías de este país, no es cierto que no hay dinero porque se han manejado mal los fondos, al contrario, instancias internacionales han determinado que este Gobierno del FMLN ha sido el que más transparentemente ha manejado los recursos; no tenemos dinero porque todas las medidas que el Ejecutivo a tomado para obtener fondos y ayudar a los más necesitados, viene la Sala de lo Constitucional y dicen que es inconstitucional, han venido diciendo “no” a todos los recursos del Gobierno, por  eso nosotros decimos basta ya. No al bloqueo económico del Gobierno salvadoreño porque afectan directamente al pueblo”, agregó Franco.

Hasta la fecha Producto de los falos de la Sala de lo Constitucional, el Gobierno ha dejado de percibir 1206 millones en dólares.

Y es que el 15 de noviembre de 2013, la Sala declaró inconstitucional el impuesto del 1% a las ventas brutas, con lo que el Gobierno dejó de percibir 99 millones de dólares.

El 7 de febrero de 2014 la Sala declara inconstitucional el Impuesto al Fondo de Atenciaón de Víctimas de Accidente de Tránsito con loo que el fisco deja de percibir 105 millones de dólares.

El 1 de abril de 2014, la Sala deja sin efecto el Impuesto a las llamadas telefónicas al Exterior, por lo que el fisco pierde 102 millones de dólares.

El 28 de noviembre de 2014, la Sala declara inconstitucional la Ley de Amnistía Tributaria, que daba facilidades de pago a los contribuyentes.

El 19 de abril de 2015 la Sala de lo Constitucional deja sin efecto el Impuesto del 1% a los activos de las empresas que declaran pérdidas. Algunas empresas, como algunas de la telefonía celular, anualmente declaran pérdidas para no pagar impuestos.

El 13 de julio de 2016, un año después, la Sala de lo Constitucional declara inconstitucional los 900 millones de dólares en bonos, lo que tiene en crisis la caja del Gobierno, es decir, profundizó la crisis fiscal.

Franco detalló que con el bloqueo económico que sostiene la Sala de lo Constitucional, en muchas comunidades está en riesgo el salario de muchos empleados, porque  hay un recorte de salario, “a las personas más humildes dejan sin empleo”, dijo, pero también se ven afectados empleados como doctores, docentes, enfermeras, y otros.

Por su parte, Oscar Valdez, también miembro de las Comunidades organizadas de Jiquilisco, explicó que el temor de muchas comunidades de Jiquilisco es que los programas sociales desaparezcan, lo cual podría ocurrir con el bloqueo económico y la falta de recursos.

Pero lo que más les preocupa es el apoyo a los productores agrícolas y pescadores de la zona de la Bahía de Jiquilisco, porque dicha producción se vería afectada por las decisiones de la de cuatro abogados de la Sala de lo Constitucional.

“Ellos (los magistrados) están cumpliendo una agenda. Cuando Cáceres (Carlos, Ministro de Hacienda) sacó una lista de todos los evasores de impuesto, ellos lo declararon inconstitucional; cuando el Gobierno y la Asamblea aprobaron otro decreto para cobro de impuestos a la grandes empresas, también lo declararon inconstitucional, los 900 millones de dólares en bonos, también lo declararon inconstitucional, cuando estaba ARENA en el Gobierno, la Sala de lo Constitucional no rechazaba nada. Con el Fideicomiso, para pensiones, ahora lo aprobaron y ya al siguiente día una comisión pidió que se declare inconstitucional estos fondos, desde ahí nosotros nos dimos cuenta, que ellos lo que quieren es afectar al pueblo directamente, por eso nosotros decidimos venirnos a protestar”, dijo Valdez.

A la fecha, la Sala de lo Constitucional ha bloqueado más de 1,200 millones de dólares, fondos que estaban destinados en su mayoría para proyectos sociales en educación, salud, seguridad y emprededurismo familiar, mismos que hoy se ven afectados por el rechazo de los magistrados de la Sala de lo Constitucional.

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