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Redacción Nacionales
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En el contexto del 24 aniversario de entrada en vigor el Estatuto de Roma, a partir del cual se declara el 17 de julio como “Día de la Justicia Internacional”, este domingo, miembros de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica (Comisión Pro-Memoria) reconocieron que el establecimiento de la Corte Penal Internacional representó un avance significativo a nivel de la justicia internacional, ya que abrió la posibilidad de juzgamiento de aquellos crímenes de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra, “los cuales son actos abominables que no deben de repetirse y mucho menos guardar en la impunidad como ha sucedido en El Salvador”, señaló la organización, pues hoy por hoy, las víctimas del conflicto armado siguen esperando justicia y reparación de casos que sucedieron en la época.
La Comisión celebró que a partir de la entrada en vigor del estatuto de Roma, se tuvo un nuevo mecanismo e instrumento que previene y juzgará los hechos como los cometidos en los años ochenta en El Salvador, justo cuando el país atravesaba por una guerra civil.
Sin embargo, David Ortiz, miembro de la comisión, sostuvo que el estado salvadoreño en materia de reparación “no ha hecho nada o casi nada, el Estado salvadoreño a partir de que se firman los Acuerdos de Paz ha ignorado de manera sistemática las demandas de las víctimas”.
Los familiares de las personas que fueron víctimas directas del conflicto armado llegaron este domingo a la plaza Gerardo Barrios junto con retratos para exigir al Estado justicia y reparación. Tal es el caso de Marina Angelica Rivas Oliva de 50 años, quien exige justicia por el desaparecimiento de su hermana y padre durante la época del conflicto armado.
Ana Isabel Rivas Oliva desapareció en el año 82 y tenía 18 años “ella era una persona muy humilde, estudiaba, al momento de su desaparición estaba trabajando”, lamentó, mientras que a Raúl Rivas Serrano desapareció en el año 86 y siguen sin saber de ellos.
Fue un 13 de julio de 2016 que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, la cual estaba vigente desde 1993, y que representaba obstáculos para encontrar justicia para las víctimas. En esa sentencia, se le ordenaba a la Asamblea Legislativa que se creara una Ley de Reconciliación Nacional centrándose en las víctimas; sin embargo, a la fecha, aún no se ha cumplido, lamentó la Comisión Pro-Memoria.
“Recordamos a los diputados que aún tiene una deuda pendiente con las víctimas, que pese a que las organizaciones de víctimas y de DDHH, ha presentado una iniciativa de ley, hasta la fecha, ésta no ha sido tomada en consideración, lo que evidencia que no ha existido un verdadero compromiso con las necesidades de justicia y reparación con todas las víctimas para así cumplir con la sentencia”, señaló la Comisión.
Miguel Montenegro, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, agregó que ni los gobiernos anteriores ni el actual ha cumplido la sentencia, “las víctimas seguimos esperando esas justicia y reparación para garantizar la no repetición de esos hechos tan abominables que sucedieron durante el conflicto armado, en el futuro”.
En ese sentido, la comisión hizo un llamado a que se aprobase dicha ley teniendo de base, a las víctimas del conflicto armado. Además, instaron a la sociedad, a los testigos y víctimas del conflicto armado a que tomen un rol protagónico.
Actualmente, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea se encuentran al menos 3 iniciativas de Ley de Justicia Transicional, una presentada por organizaciones, otra por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la otra por oficialistas.
También, la comisión hizo un llamado al Gobierno de turno y a los tribunales que imparten justicia a que sean respetuosos de los derechos humanos en El Salvador. “Hoy más que nunca debemos de comprender la necesidad urgente de prevenir estos delitos y sumarnos a los pueblos democráticos para garantizar a nuestras nuevas generaciones y rechazar todo intento perverso de aquellos que quieran incurrir a estos delitos”.
