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Redacción Nacionales
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Los directivos de la Asociación Nacional de Veteranos y Veteranas de Guerra del FMLN (ANVEGEFMLN) y directivos del INABVE, Tony Sibrian y Lucio Rodríguez, pidieron un incremento de la pensión, que en la actualidad es de cien dólares mensuales.
Los excombatientes del conflicto armado salvadoreño también expusieron, en Encuentro con Julio Villagrán, los avances, desafíos y retrocesos en el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE), una institución clave en la atención de este sector tras la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, México.
Tras la finalización de la guerra civil en 1992, el principal reto fue la reinserción social y económica de miles de combatientes de ambos bandos. Aunque los acuerdos contemplaban programas de vivienda, transferencia de tierras, créditos agropecuarios y oportunidades de incorporación a la Policía Nacional Civil, muchos excombatientes quedaron en condiciones de vulnerabilidad durante décadas, dijeron.
Reinserción tras la guerra: avances y deudas pendientes
Según relataron voceros del sector, el proceso posterior al conflicto incluyó la desmovilización de estructuras armadas, la desaparición de antiguos cuerpos represivos. Sin embargo, señalaron que los componentes económicos de la reinserción fueron insuficientes para garantizar condiciones dignas a largo plazo.
En ese contexto surgió, años después la Ley de Beneficios y Prestaciones Sociales para Veteranos y Excombatientes, aprobada en 2016, con el objetivo de reconocer derechos históricos de quienes participaron en el conflicto.
Posteriormente, reformas realizadas en 2018 permitieron la creación del INABVE, el cual comenzó a funcionar como entidad autónoma en 2021. Los dirigentes del sector destacaron que esta legislación no solo creó mecanismos de apoyo económico, sino que también facilitó espacios de reconciliación entre antiguos adversarios.
“Después de la guerra todavía existía desconfianza entre ambos sectores, pero con el paso del tiempo hemos avanzado en convivencia y entendimiento”, señalaron.
Un instituto con múltiples responsabilidades
El INABVE administra actualmente una serie de programas dirigidos a veteranos, excombatientes y personas con discapacidad a consecuencia del conflicto armado. Entre los principales beneficios se encuentran: pensión mensual para beneficiarios registrados, acceso a servicios de salud especializados, programas educativos, créditos productivos, apoyo para proyectos de autoempleo y bonos por fallecimiento.
Asimismo, se informó que en San Salvador funciona una clínica especializada para la atención médica de veteranos, con varias especialidades disponibles para tratar secuelas físicas derivadas del conflicto.
La junta directiva del instituto está integrada por representantes de la Fuerza Armada de El Salvador, excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), personas con discapacidad a causa de la guerra y delegados del gobierno central, además de representantes de otras instituciones públicas.
De acuerdo con los datos presentados, el Instituto atiende actualmente a aproximadamente 82 mil veteranos y excombatientes, quienes reciben una pensión mensual cercana a los 100 dólares. Solo en este componente, el gasto mensual ronda los 9 millones de dólares.
Además, el registro incluye cerca de 19,500 personas con discapacidad producto del conflicto, distribuidas entre: 10 mil provenientes de la Fuerza Armada, 7 mil excombatientes del FMLN, 2,500 civiles afectados por minas u otros hechos de guerra.
Los representantes también señalaron que un alto porcentaje de la población beneficiaria supera los 60 años, lo que incrementa la demanda de servicios médicos y asistencia social.
Uno de los principales desafíos señalados por las organizaciones es que aún existen miles de personas que participaron directamente en el conflicto armado y no reciben beneficios del instituto.
Entre ellas figuran combatientes con acreditación de la Misión de Observadores de las
Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL), estructuras logísticas y sanitarias del antiguo movimiento insurgente, comandos urbanos e integrantes que posteriormente fueron incorporados a la Policía Nacional Civil.
Según estimaciones del sector, entre 8 mil y 9 mil personas permanecen fuera del sistema actual de beneficios.
También señalaron que el cierre del registro para algunos sectores durante el período legislativo 2015–2018 en la Asamblea Legislativa de El Salvador generó desigualdades en el acceso a prestaciones, lo que continúa siendo motivo de debate entre organizaciones de veteranos.
Presupuesto en descenso y nuevas responsabilidades
Otro punto crítico señalado es la reducción progresiva del presupuesto asignado al instituto. Mientras en 2024 el monto superaba los 210 millones de dólares, en 2026 la asignación ronda los 185 millones.
Paralelamente, el INABVE ha asumido nuevas responsabilidades tras la incorporación de funciones relacionadas con atención a personas adultas mayores y personas con discapacidad, anteriormente vinculadas a entidades como el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona Adulta Mayor (CONAIPAM) y el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD).
Según los representantes entrevistados, estas nuevas competencias no han sido acompañadas con recursos suficientes, lo que genera presión financiera adicional sobre la institución. “Estamos asumiendo más responsabilidades, pero sin el presupuesto necesario”, afirmaron.
