Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
El Estado salvadoreño no respondió, por el incumplimiento de las medidas cautelares emitidas a favor del abogado constitucionalista Enrique Anaya, quien permanece en prisión mientras amplían el proceso penal en su contra.
Esta semana venció el plazo otorgado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el estado respondiera.
Se conoció que el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador aprobó ampliar por seis meses adicionales el plazo de instrucción en el caso, en el que Anaya enfrenta una acusación por lavado de dinero y activos.
Este periodo inicial de investigación vencía el 4 de enero de 2026, pero la Fiscalía pidió extenderlo con el argumento de que los seis meses anteriores eran insuficientes para completar la indagación. Anaya deberá permanecer otros seis meses en prisión.
Es de destacar que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha informado sobre el estatus del secuestro de bienes realizado el mismo día de la captura, ni sobre el desembalaje de los documentos incautados. Informaciones extraoficiales de personas cercanas al caso, señalan que incluso se desconoce en qué bodega fueron almacenados los documentos, lo que consideran un acto de negligencia.
Por su parte, el Estado salvadoreño no ha cumplido con las medidas ordenadas por la CIDH, entre éstas visitas regulares para verificar el estado del abogado, sin embargo, únicamente dos abogados han podido verlo en dos ocasiones, y un familiar lo ha visto una sola vez.
La salud de Anaya se ha deteriorado: ha perdido cerca de 30 libras y su enfermedad gastrointestinal se ha agravado sin recibir el tratamiento adecuado. Enrique Anaya permanece recluido en el Centro Penitenciario de Santa Ana, conocido como La Occidental.
Además, Medicina Legal tiene pendiente una evaluación médica. Como parte del proceso de Hábeas Corpus, la Corte Suprema de Justicia realizó una revisión que dejó documentado su estado de salud.
Y debido al incumplimiento continuo del Estado, se remitió un informe formal a la CIDH, que otorgó un plazo de 30 días para recibir una respuesta. El plazo terminó esta semana, y si el Estado continúa sin acatar las medidas, el caso podría escalar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso, a la Corte Penal Internacional.
