Por David Alfaro
27/07/2026
De muchos otros las autoridades no dan razón alguna. Se calcula que hay más de 1,200 desaparecidos quienes posiblemente fueron enterrados en fosas comunes.
El Estado-Gobierno debería ser el último resguardo moral de una sociedad, de un país, puesto que es el Estado-Gobierno el que dicta justicia. Qué pasa cuando este tortura y asesina en cárceles, aduciendo que toda la población carcelaria es culpable, aunque se sepa claramente que uno de tres presos es inocente y que, incluso, entre esos torturados y asesinados, muchos de ellos tenían cartas de descargo-libertad emitidas por jueces?
Acaso el Estado-Gobierno no se vuelve tan criminal como a los que acusa de ser criminales y los asesina?
El Estado-Gobierno, en teoría, representa la última línea de defensa moral en una sociedad, pues es el encargado de establecer y mantener la justicia. Sin embargo, cuando el Estado-Gobierno comete abusos, tortura o incluso asesina a ciudadanos bajo su custodia, la situación se torna diferente pues nos encontramos frente a un Estado-Gobierno terrorista.
La premisa misma del Estado-Gobierno como el guardián moral se desvanece cuando este transgrede sus propias leyes y principios éticos. Cuando se emplea la violencia indiscriminada contra aquellos considerados culpables por el mismo Estado-Gobierno, se infringe el principio fundamental de justicia: la presunción de inocencia.
La idea de que uno de cada tres presos sea inocente es alarmante y cuestiona profundamente la legitimidad del sistema de justicia. Más preocupante aún es cuando, pese a tener pruebas de inocencia y cartas de libertad emitidas por jueces, los presos son sometidos a torturas y, en muchos casos, asesinados.
En tales circunstancias, el Estado-Gobierno se convierte en un agente de criminalidad similar, e incluso peor, que aquellos a los que acusa de ser criminales. La pérdida de legitimidad moral es inmensa; se destruyen los cimientos mismos sobre los que se construye la autoridad estatal.
Es esencial que el Estado-Gobierno se someta a un escrutinio constante, que rinda cuentas por sus acciones y que se ajuste a los estándares éticos y legales que proclama defender. La defensa de la justicia no puede ser selectiva ni arbitraria; debe aplicarse de manera equitativa para mantener la integridad moral del Estado-Gobierno y, en última instancia, de la sociedad que representa.
📍 Nota:
El estado y el gobierno son conceptos interrelacionados pero diferentes en su naturaleza y funciones:
El «Estado» se refiere a la estructura política, social y legal de una nación. Es la entidad soberana que ejerce autoridad sobre un territorio específico y su población. El estado establece leyes, protege los derechos, administra la justicia y ejerce el monopolio legítimo de la fuerza. Es una entidad permanente más allá de los cambios de gobierno y puede estar compuesto por diferentes instituciones gubernamentales.
El «Gobierno» es la parte activa y ejecutiva del Estado. Es el grupo de personas o instituciones que tienen el poder y la responsabilidad de tomar decisiones, implementar políticas y administrar los asuntos públicos en un momento dado. El gobierno está compuesto por el presidente, primer ministro, ministros y otros funcionarios que gestionan las funciones ejecutivas, legislativas y, en algunos casos, judiciales del estado.
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