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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Representantes del partido VAMOS acudieron a la Asamblea Legislativa para presentar una solicitud de modificación a la Ley de Partidos Políticos, para establecer como causa de cancelación de los mismos comprobar que han negociado u ofrecido dádivas a estructuras criminales.
La enmienda al artículo 47 de la legislación antes mencionada busca que cualquier instituto político que obtenga beneficios electorales o de cualquier índole sobre como resultado de negociaciones con pandillas u otras estructuras criminales sea anulado.
“En nuestro país han sucedido eventos en los cuales, los partidos en lugar de ser instrumentos de representación de la ciudadanía se han convertido en medios para cometer actos delictivos contradiciendo los fines políticos y democráticos para las que fueron creados”, dijo Claudia Ortiz, secretaria Nacional de Asuntos de la Sociedad Civil de VAMOS. La modificación al articulo 47 propuesta por VAMOS contempla que: “Cuando se compruebe que el partido o sus autoridades hayan negociado o dado orden de negociar; ofrecer o entregar una dádiva o cualquiera otra ventaja a una agrupación criminal o persona natural o jurídica vinculada a la comisión de cualquier delito, con el fin de obtener cualquier beneficio indebido ya sea para el partido o en perjuicio o daño moral o reputación para otro partido o candidato a ocupar cargos de elección interna o elección popular”.
VAMOS, además, propone suprimir la cancelación cuando el partido denuncie a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Tribunal Supremo Electoral (TSE) los hechos y colabore totalmente con las investigaciones del caso.
Ortiz afirmó que existe otra causal de cancelación y es para cuando el partido no cuente con mecanismos para evitar estos ilícitos o no tome las medidas necesarias para prevenir que sus integrantes negocien con terroristas.
La propuesta de modificación a la Ley de Partidos Políticos presentada por VAMOS también establece como causal de supresión de estos institutos políticos que los miembros o autoridades de las instituciones políticas reciban dinero proveniente de actividades ilícitas, siempre que esté debidamente comprobado.
