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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Los representantes de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares se pronunciaron con un llamado “urgente” a crear una amplia alianza ciudadana contra lo que consideran un preocupante aumento de prácticas antidemocráticas por parte de la administración gubernamental, que calificaron de “intolerante, autoritaria y demagoga”, señaló Morena Murillo, del Foro Nacional de la Salud, que integra la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares (CSMP).
Murillo -defensora de derechos de las mujeres del FNS- agregó que en el contexto de la pandemia por coronavirus, el actuar del Ejecutivo y el presidente ha sido reprobable por el manejo poco transparente, irregular y corrupto de los recursos financieros entregados durante la emergencia, así como el cierre al acceso de información pública o rendir cuentas, que le ha generado “desgaste político”, que impacta a la población.
“En los últimos meses, el presidente Nayib Bukele, que consideramos una persona intolerante, confrontativa y demagoga, nos preocupa como organizaciones sociales en materia democrática, el abuso y violación de la libertad de expresión e información, a través de ataques digitales contra opositores a su planteamiento y acoso mediático a dirigentes y periodistas”, indicó.
Las acciones del pasado 9 de febrero, con la invasión de la Asamblea Legislativa, es un acto que consideran una “apología de asesinato, sedición y terrorismo”, indicó Morena Murillo, al señalar que este tipo de prácticas antidemocráticas confirman su vocación autoritaria, como sus declaraciones de la última cadena de radio y televisión, en donde afirmó que “si fuera dictador ya habría mandado a fusilar a los cinco magistrados”, ante su molestia por las resoluciones de inconstitucionalidad a sus decretos ejecutivos, por violentar los derechos humanos de la población.
“Una de las acciones presidenciales más temerarias y regresivas ha sido revivir el protagonismo e influencia política de la Fuerza Armada, beligerancia que fue proscrita por los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a doce años de cruenta guerra civil y seis décadas del militarismo atroz instaurado tras el genocidio indígena-campesino de 1932. La reforma constitucional derivada de los Acuerdos delimitó la función militar a defender la soberanía nacional y auxiliar a la población en situaciones de desastres”, reiteró.
Mientras, Katherine García, del Kolectivo San Jacinto, lamentó todo el proceso de militarización de la sociedad civil, que calificó de preocupante ante la normalización del acoso policial y militar que se registra en las zonas urbanas y rurales de país.
“Este no es un tema actual, la militarización de la sociedad, ya sabemos del actuar de presidentes anteriores en años pasados, con la idea de mantener seguro al país con policías y militares, pero ahora se ha sobrepasado la brecha sobre el tema de seguridad hacia la juventud. Durante la pandemia se han dado las detenciones injustificadas que llegaron a condiciones de acoso cuando estaban los centros de contención -que más parecían de contagio- detuvieron a jóvenes de forma arbitraria, muchos capturados haciendo las compras de la familia y la calle. Y para las mujeres y jóvenes la represión es doble en las comunidades, cuando los militares las acosan sexualmente naturalizando la violencia y el estupro que es el delito común que viven las niñas y adolescentes”, manifestó.
En otros aspectos, como el medioambiente, el tema de la crisis del agua golpea en general a la población urbana y rural, sin que la institucionalidad del actual Gobierno busque o presione por alternativas y dar una respuesta viable, por el interés común, expresó Luis González (UNES).
“A raíz del COVID-19, todo el seguimiento de leyes y políticas que están orientadas al medioambiente se agravó para atender la emergencia sanitaria, y la gente que realizaban acciones de protección ambiental estaban encerrados en sus casas (cuarentena domiciliar) impidiendo este tipo de vigilancia, monitoreo y seguimiento en la protección de los bienes ambientales, y tampoco hemos visto que el gobierno de Bukele presione por la aprobación de la Ley General de Agua, como sí lo hace por préstamos y otros asuntos de su interés y es apremiante que a nivel territorial los depredadores ambientales no han estado en cuarentena, con la destrucción ambiental, como la agroindustria que sigue contaminado el medioambiente, como la caña de azúcar, entonces podemos ver esta incoherencia entre el trabajo gubernamental y trabajo ambiental”, acotó.
Sobre la seguridad pública, reconocieron que el único logro de la administración actual, son la reducción de asesinatos, aunque reiteraron dudas del “Plan Control Territorial” y la existencia de una “nueva tregua”, porque las desapariciones, extorsiones y la violencia feminicida va en aumento frente a una “indolencia gubernamental”.
En materia de políticas, denunciaron la profundización de la “lógica neoliberal”, que inició con la privatización de puertos y aeropuerto bajo la modalidad de asocios público-privados, práctica de gobiernos anteriores, y ahora, la privatización encubierta de la Lotería Nacional de Beneficencia. Y el desmantelamiento de programas de protección a sectores vulnerables y menor inversión social y la estrategia de más endeudamiento que fortalece al sector privado cuyos préstamos serán pagados por la población.
“La Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares nos declaramos en resistencia contra el autoritarismo gubernamental y la profundización del neoliberalismo. Asimismo, invitamos a todos los sectores democráticos y a toda la población decente, honrada y trabajadora a crear la más amplia alianza ciudadana contra el autoritarismo, la intolerancia, la falta de transparencia, la confrontación y la demagogia”, puntualizaron.
