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José M. Tojeira
Recientemente participé en un debate en la ESEN sobre temas de migración. La base del diálogo era un interesante estudio sobre el efecto de la migración en la educación en El Salvador. Algunos datos eran claramente preocupantes. No solo por el descenso de esa oportunidad que significa actualmente el bono demográfico, sino porque también se están marchando del país jóvenes con un nivel educativo superior al de los que se quedan. En otras palabras, la fuga de cerebros que en países desarrollados se produce hacia naciones que tienen más desarrollada la capacidad de investigación, entre nosotros se produce a nivel de los estratos educativos inferiores. Si en los países de nivel de desarrollo alto la fuga de cerebros se produce especialmente en niveles de la educación terciaria y en particular vinculados al área de investigación, en los nuestros es el trabajo con salario decente y el miedo a la violencia los que llevan a esta especial fuga de cerebros.
Esta fuga de jóvenes con mayor nivel educativo aumenta la ya poca confianza en el sistema de educación nacional, marcado por una deficiente infraestructura y por una profunda desigualdad en el ámbito de la calidad educativa. Otro dato importante que se desprendía del estudio es que emigran más mujeres que varones. No es absurdo pensar que de nuevo en esta diferencia hay razones vinculadas a la violencia. Aunque la mujer sufre menos homicidios, la agresión sexual contra la mujer tiene en El Salvador niveles muy elevados. El machismo y la falta de protección contra comportamientos culturales empapados en ese modo de actuar, tan contrario a la igual dignidad de toda persona humana, puede ciertamente influir en la fuga de mujeres. El hecho de que las oportunidades laborales sean injustamente menores para la mujer es otro factor evidente.
En esta situación se hace imperiosa la necesidad de reforzar nuestro sistema educativo y hacerlo agradable y productivo para los jóvenes. Una infraestructura decente es indispensable. El cálculo que hacían las autoridades educativas del costo de poner todas las escuelas en un nivel básico de habitabilidad y buen uso era, a principios del gobierno de Sánchez Cerén, de 600 millones de dólares. Aunque algunas cosas se han ido haciendo, queda todavía mucho por recorrer en la tarea de tener edificios e infraestructura adecuados para la educación. En un país con un nivel de violencia tan elevado, con una distorsión en la vida familiar creada también muchas veces por la migración de adultos, y con una herencia pesada de machismo, es inconcebible el escaso servicio de apoyo psicosocial que tienen la mayoría de nuestros institutos. Con una sociedad fracturada por la migración, la violencia, la pobreza y la desigualdad, los jóvenes necesitan orientación y apoyo. Psicólogos, trabajadores sociales, son indispensables en nuestros institutos de enseñanza media.
Hay algunas noticias positivas en medio de todo esto. Institutos de zonas rurales están apareciendo entre el diez por ciento superior de las calificaciones de la PAES. Incluso en los departamentos con mayor pobreza, y precisamente en ellos, como por ejemplo en Morazán y en La Unión, hay institutos públicos que destacan entre los mejores del país, según calificaciones PAES. En algunos de ellos, como por ejemplo en El Sauce, algunos migrantes envían donaciones en favor del instituto. Especialmente los esfuerzos de los maestros de estos institutos debe ser analizado, y en la medida de lo posible replicado en otros institutos a nivel nacional. Lo mismo pasa en algunos institutos urbanos que han logrado, además de excelentes niveles de aprendizaje, avances significativos en la convivencia de los jóvenes, liberados de machismo y comprometidos con una cultura de paz.
Dadas las razones para irse, mejor trabajo y mejores condiciones de vida, hay que suponer que la gente seguirá marchando. Tienen además redes familiares importantes de apoyo, que invitan al reencuentro familiar y que prometen un futuro con mayor capacidad de desarrollo. Sin embargo eso no debe paralizarnos. Debemos invertir mucho más en políticas de juventud, tanto educativas como laborales; mostrar un interés mucho mayor en la planificación del futuro y la justicia intergeneracional. De lo contrario, las plagas que empujan a nuestros jóvenes a abandonar el país continuarán desangrándonos. Que las universidades se involucren en estudios sobre la migración es positivo e importante. A la ciudadanía nos queda el exigir que el tema de la educación se tome con mucha mayor seriedad en el país.
