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Una consulta acertada de la Asamblea Legislativa

Luego de que la Presidencia de la República solicitó a la Asamblea Legislativa, la semana pasada, una nueva ley de excepción y de emergencia para enfrentar esta tercera fase de la de la pandemia de COVID-19, que a la hora de redactar este editorial ya se ha cobrado la vida de más de 170 salvadoreños, según el reporte oficial, aunque el no oficial cree que alcanza el medio millar de víctimas mortales.

Lo mismo debe suceder con los contagiados, pues el dato oficial es de más de seis mil personas, pero dado que estamos en la etapa de contagios comunitarios estos deben ser más; sobre todo, si tomamos en cuenta que hay seis mil sospechosos.

Se sabe de otros contagiados que si bien los registra el ministerio, no así a sus familiares, independientemente que vivan estos con el contagiado.

El contagio y las víctimas mortales debe ser una preocupación del Gobierno, en general, sobre todo del Ejecutivo, y en el marco de esa preocupación es que ha ido la solicitud a la Asamblea.

El parlamento, que en varias ocasiones le aprobó decretos al Ejecutivo, incluso uno que contemplaba retirar garantías constitucionales, la Sala se encargó de declararlas inconstitucionales, así como una decenas del Ejecutivo.

El actuar de la Sala se entiende, en cuanto a que es la llamada por la máxima ley de la República a velar que esta no sea violentada y, sobre todo, que esas violaciones no afecten a la población, como ha ocurrido.

Y ha sido a la luz de esos reparos necesarios de la Sala de lo Constitucional, que en esta ocasión que el Ejecutivo ha solicitado una nueva ley de excepción, la Comisión Política de la Asamblea Legislativa la ha consultado con diversos sectores del país, incluidos médicos especialistas, gremios de abogados, constitucionalistas y empresarios.

Estas consultas, seguramente algunos las criticarán, pero creemos que la Asamblea está en lo correcto; sobre todo, porque luego de que es aprobado un decreto legislativo, si riñe con la Constitución, más de algún ciudadano puede acudir a la Sala de lo Constitucional para hacer ver el atropello a la Constitución.

El lunes, el desfile de personeros consultados fue grande, igual que el martes. El lunes, una manifestación que quedó bastante clara es que no es necesaria una cuarentena general y obligatoria, sino más bien focalizada.

Por cierto, varios especialistas en epidemiología han insistido en este aspecto desde que inició la cuarentena, pues hay lugares en El Salvador que no presentan ningún caso de COVID-19; en este sentido, tiene lógica la valoración de los especialistas.

Los representantes de la medicina también creen que no es positiva la propuesta del señor ministro de Salud, quien ha expresado que lo ideal en esta etapa de la pandemia es una “cuarentena híbrida”; es decir, con cierres y aperturas alternas.

Los médicos sugieren que se haga una cuarentena focalizada, en los lugares que se descubran más casos, pero además, actuar inmediatamente para reducir a cero los casos en esos lugares. Hasta hoy, no se conoce cómo está haciendo el Gobierno para controlar la epidemia, pues no hay información orientadora o clarificadora. Solo se sabe el número de casos y el número de muertos, pero no de las acciones que el Gobierno, a través del MINSAL, están haciendo en los lugares donde localizan casos positivos.

Los representantes del Ejecutivo, sobre todo quienes están al frente de la estrategia de combate al COVID-19, deberían poner atención a estas sugerencias y echarlas a andar solos con la ayuda de más especialistas nacionales como los del Colegio Médico. Sería bueno también que pidiera ayuda a reconocidos científicos salvadoreños como Carlos Vela, quien ha trabajado en la construcción de hospitales militares (de primer mundo) en los Estados Unidos, o el doctor Salvador Moncada, entre otros, reconocidos internacionalmente.

Esperemos que la Comisión Política aproveche los buenos y excelentes insumos que le darán los representantes de los diversos sectores de la sociedad con los que se ha reunido y poder, este órgano de Estado, contribuir con las necesidades del Ejecutivo, pero más que de forma individual desde una perspectiva colegiada.

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