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Por Jordi Zamora Barceló/Le Bourget/AFP
Un nuevo borrador de negociación fue presentado este jueves en la conferencia sobre cambio climático de la ONU, pero con escasos avances, luego de tres días de intensas discusiones entre los 195 países.
El pulso entre países ricos y en desarrollo se mantiene en todos los frentes, en particular sobre quién y cómo pagará el enorme desafío que representa impedir que la temperatura del planeta aumente más de 2º C.
Para lograr ese objetivo, los científicos recomiendan iniciar una transición energética hacia un mundo sin combustibles fósiles, idealmente en 2050, y además luchar contra la deforestación, la segunda mayor causa del calentamiento del planeta por detrás del transporte y la industria.
El nuevo borrador de acuerdo, puesto a disposición de los negociadores, contiene 50 páginas en lugar de 54.
Pero el número de corchetes aumentó, de 1.250 a 1.400, según cálculos de una ONG, la Fundación francesa Nicolas Hulot.
A los negociadores les cuesta entrar en materia, y nadie parece ceder en lo principal, constatan por igual delegados y organizaciones no gubernamentales.
«Es normal que haya uno o dos días de puesta en marcha de la máquina», relativizó la ministra francesa de Ecología, Ségolène Royal. Es un «momento de maduración necesario», dijo a la AFP.
«Hubo una noche de trabajo intensivo ayer (miércoles), y lo mismo pasará esta tarde y noche», aseguró una fuente cercana a la delegación francesa.
Los negociadores deben entregar en principio su último borrador al canciller francés, Laurent Fabius, el sábado a media jornada. Los ministros deben retomar el testigo a partir del lunes, hasta el viernes 11, cuando en principio debe terminar esta COP21 que quiere ser histórica.
El acuerdo de París sería el primero de carácter universal, que involucre a todos los países, por eso debe ser adoptado unánimemente. Sin embargo, no está claro si será legalmente vinculante.
«En líneas generales, el texto ha cambiado poco respecto a lo que había antes de París», reaccionó en una nota de prensa la ONG World Wild Fund.
«Han pasado tres días y lo han reducido en sólo cuatro páginas. A este paso, cuando los ministros lleguen la semana que viene se preguntarán donde está el progreso», añadió la organización Greenpeace.
A propuesta del grupo de países más numeroso, el G77, que reúne a 134 países en vías de desarrollo y a China, la manera de trabajar cambió a partir de este jueves.
Hay menos reuniones de pequeños grupos de trabajo sobre partes del texto y más intervenciones en asamblea plenaria, para que los países puedan intercambiar directamente propuestas de un lado a otro, que ayuden a desbloquear los puntos más difíciles.
Ni ayuda ni caridad
El acuerdo de París debe entrar en vigor a partir de 2020, y la financiación de este ambicioso paquete de medidas es clave.
«El nivel de los apoyos financieros que los países desarrollados destinarán a los países en vías de desarrollo a partir de 2020» debe «clarificarse», advirtió el miércoles por la noche el G77+China.
Los países desarrollados replican que desde el último gran acuerdo, el Protocolo de Kioto, de 1998, el mundo ha cambiado mucho, y que la propia China es un país que además de ser el primer emisor de gases mundial, puede contribuir con dinero.
En principio, los países en vías de desarrollo deben recibir 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020. Pero la organización de países industrializados, la OCDE, calculó hace meses que prácticamente dos tercios de esa suma ya está siendo destinada gracias a los bancos multilaterales y los acuerdos bilaterales.
En París hubo de nuevo una lluvia de anuncios de donaciones y ayudas al inicio de la conferencia.
El G77 no se deja impresionar por esos anuncios, y recuerda compromisos adoptados en el pasado, como cuando se creó la Convención de la ONU sobre cambio climático, en 1992.
«Según la Convención, los países desarrollados están obligados a suministrar recursos financieros, incluida transferencia de tecnología (…). Esto es una obligación legal. No es ‘ayuda’ ni ‘caridad'», advirtió su comunicado.
La noción de «responsabilidad histórica», la de los países ricos que iniciaron la Revolución Industrial, vuelve al tapete.
Esa es la visión de países de gobiernos de izquierda, como Venezuela o Nicaragua, que se niegan por el momento a presentar sus planes de reducción de emisiones de gases (INDC, por sus siglas en inglés), o de países como Ecuador, que quieren que se cree un tribunal internacional de justicia climática.
