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«La agenda legislativa se ha centrado en responder intereses particulares, haciendo caso omiso a las problemáticas que la población sigue enfrentando, como: el alto costo de la vida, la inseguridad, la migración, que son temas que golpean y ante los cuales, la Asamblea Legislativa no da respuesta y tampoco desde el Gobierno central»: Anabel Belloso.
Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La fracción del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) presentó el balance del primer año de la legislatura 2021 – 2024. A su criterio, la bancada oficialista y aliados han convertido a la Asamblea Legislativa en una sede más de Casa Presidencial, donde el debate parlamentario «se ha perdido”.
Sus iniciativas no se han discutido, pero el Gobierno sí ha retomado parte de ellas, afirmaron las diputadas Dina Argueta, Anabel Belloso y Rocío Menjívar (suplente), a través de una conferencia de prensa.
Anabel Belloso contextualizó que desde el primero de mayo del año pasado se configuró un escenario que no había existido desde la firma de los Acuerdos de Paz; es decir, donde un solo partido controla el órgano total; escenario que se prestó para la destitución ilegal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el fiscal general e imponer nuevos funcionarios afines.
Nuevas Ideas y sus aliados (GANA, PCN y PDC), «responden a intereses particulares del Gobierno». Ante dicho escenario, Belloso aseguró que tenían claro que debían de ejercer la función contralora que corresponde hacer entre Órganos de Estado, así como ser una oposición propositiva en el sentido de «acompañar a la población organizada en la presentación de iniciativas como respuestas a las demandas y problemáticas que golpean al país».
En la administración de la actual Asamblea Legislativa, las iniciativas de los demás partidos políticos que no están alineados al oficialismo, en muchos de los casos no se ingresan en el pleno para que se manden a comisión, no se agenda su discusión estando en comisión o en otros casos, los mandan al archivo. Las legisladoras manifestaron que su fracción ha acompañado diversas iniciativas surgidas desde las propias organizaciones, como la Ley de Aguas y Saneamiento, la creación de un sistema nacional de búsqueda, investigación, localización y recuperación de personas desaparecidas, así como la derogatoria de la Ley Bitcoin.
En ese sentido, el partido de izquierda presentó en este año de gestión, más de 20 iniciativas que meses después, algunas de ellas, han sido retomadas por el Gobierno y la Asamblea Legislativa, como la exoneración de impuestos en los combustibles y el aumento al salario mínimo, pero no lo quieren reconocer, destacaron las parlamentarias.
Las legisladoras informaron que el rol que han tomado, no es solo denunciar las acciones que van en contra de los derechos ciudadanos, sino que, han apoyado diversas iniciativas que tienen un fin único, «el de defender a los salvadoreños». Pues han acompañado varias de las iniciativas que desde el Gobierno han surgido, pero la gran mayoría de las leyes aprobadas «han ido orientadas a otros fines, menos a dar respuesta a los problemas de la vida cotidiana que afectan a la población».
«No hemos apoyado aquellas iniciativas que en su mayoría han sido para favorecer y dar concentración de poder o el fortalecimiento de endeudamiento, que al final limita el desarrollo de la población», destacó Dina Argueta.
En cuanto a la aprobación de préstamos a lo largo de este primer año, los oficialistas han mantenido una «dinámica irresponsable» de endeudamiento del país, a través de la aprobación de préstamos por más de $5,668.8 millones. «Han llevado el nivel de deuda a niveles alarmantes, donde se ven afectados todos los salvadoreños», planteó Belloso.
En otro punto, el FMLN destacó las leyes que van en contra de la transparencia y rendición de cuentas, tal como la «Ley Alabi”, que dio inmunidad a funcionarios gubernamentales y particulares ante cualquier acusación de corrupción en la gestión de la pandemia por coronavirus. Asimismo, la Ley Bitcoin, que fue aprobada «de manera irresponsable sin atender la realidad de la economía de la población».
«La agenda legislativa se ha centrado en responder intereses particulares, haciendo caso omiso a las problemáticas que la población sigue enfrentando, como: el alto costo de la vida, la inseguridad, la migración, que son temas que golpean y ante los cuales, la Asamblea Legislativa no da respuesta y tampoco desde el Gobierno central», expresó Anabel Belloso.
Dina Argueta caracterizó a la Asamblea como una «aprieta botones», es decir, «una Asamblea que tiene como único fin, a través de la mayoría, ir, llegar y apretar botones». En ese sentido, «consideramos que, a un año de tomar posesión, la Asamblea Legislativa está caracterizada por la inactividad, pues las iniciativas en más del 90% son enviadas desde Casa Presidencial, y eso limita y vuelve inactivo el rol propio de un diputado».
Ambas funcionarias concluyeron que la actual Asamblea «ha abusado» de las dispensas de trámites. «Nunca antes en la historia de la Asamblea Legislativa se había abusado tan fuertemente de este mecanismo. Hemos tenido sesiones plenarias donde 17 iniciativas han sido aprobadas mediante las dispensas de trámites, para obviar la discusión técnica, la información a la ciudadanía y obviamente para esconder la incapacidad que los mismos diputados (de NI) tienen a la hora de discutir un tema».
En un año, la Asamblea Legislativa afín al Ejecutivo ha utilizado más de 120 dispensas de trámite.
