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Por Fredis Pereira
Máster en Administración Pública
La Universidad de El Salvador ha tomado un rumbo contrario a los intereses del pueblo. La universidad que brillaba como defensora de los derechos humanos se ha desvanecido. En el ejercicio de la autonomía, ahora el gobierno universitario actúa contra el derecho constitucional a la Justicia Social. La discriminación es una practica rutinaria que quieren ocultar en la UES, callando la voz de los disidentes, amenazándoles con despido.
La justicia social es letra muerta en la UES. En sus aulas se habla de forma teórica de la justicia social, pero su práctica es contraria, sobre todo en lo tocante a la gestión de las relaciones laborales. La teoría de las aulas sobre la justicia social la ha plasmado en el artículo 7 del Reglamento del Escalafón, pero cuando se trata de contratar personal la ignoran. Así, mientras unos, gozando del beneplácito de quienes ostentan el poder en la universidad, reciben sobresueldos mediante contratos poco transparentes; otros, en cambio, ni siquiera tienen certeza de cuando les pagarán el salario que han devengado. Estas contrataciones que generan sobresueldos, sin referirse a los puestos de jefaturas, fueron más de 300 en 2019.
La discriminación es la regla aplicable con recurrencia en la UES. Aunque en el discurso de quienes ostentan el poder universitario, la discriminación se percibe como contraria a derecho, tanto así, que está prohibida en el artículo 10 del Reglamento del Escalafón; la realidad, en cambio, es que los afectados ni siquiera pueden reclamar que no se les pagan el salario en el plazo debido, por temor a ser excluidos de la renovación de los contratos en el siguiente ciclo de clases. Estas contrataciones, que no gozan de estabilidad laboral, se producen debido a que la UES se rehúsa a someter a concurso cientos de plazas vacantes que existen en la Ley de Salarios.
La discriminación en la UES es ilegitima porque no está basada en el mérito. Desde los intereses del pueblo, la discriminación con base a mérito es conveniente y de justicia social, porque contribuiría a que los servicios que ofrece la UES sean de calidad. El mérito exige actualización de los profesores, investigación científica, claridad en la definición de las funciones que cada quién desempeña, planificación del personal, entre otros.
Pero el mérito no ha sido prioridad para premiar el buen desempeño, así, por ejemplo, las autoridades universitarias pasaron un poco más de 12 años, desde que se aprobó la Ley Orgánica de la UES, para contar con un Manual de Evaluación de Desempeño del Personal Académico; claro está, que eso no ha impedido repartir premios y reconocimientos, sin considerar el desempeño, sobre todo en los periodos electorales.
La UES mantiene las condiciones para la discriminación ilegitima. Las autoridades han incumplido la obligación de aprobar el Manual de Reclutamiento, Selección, Contratación e Inducción, a pesar de que se enseña a elaborar manuales administrativos en sus aulas, y que existe la obligación legal de aprobar manuales desde mayo de 2003. No es por desconocimiento. Lo que sucede, es que la aprobación de los manuales dejaría poco margen de acción para las arbitrariedades y la discrecionalidad, dificultando la discriminación ilegitima en las contrataciones de personal que realiza la UES, discriminación que seguro trae réditos políticos, porque usan el poder para mantener en secreto los currículos de los contratados, en contravención al principio de rendición de cuentas que establece la Ley de Ética Gubernamental.
La injusticia social de la UES lesiona los derechos de las nuevas generaciones. Se ha creado un sistema que contrata a pensionados sin verificar la actualización profesional y que gocen de la salud necesaria para cumplir las tareas. Solo en una facultad en 2019 se contrató más de 80 jubilados. No son pensionados desfavorecidos con una pensión por debajo del salario mínimo. Estos reciben también una compensación por retiro de un salario mensual por año de servicio, que en algunos casos es superior a los 80 mil dólares. Luego, solicitan ser contratados por servicios profesionales, sin pasar por un proceso selectivo que garantice la no discriminación de los más jóvenes, así reciben doble ingreso los pensionados, mientras los más jóvenes son excluidos de las oportunidades que les corresponde por justicia social. ¿Hasta cuándo habrá Justicia Social así?
