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Uno de los casos más emblemáticos de las masacres cometidas por el Ejército durante la guerra fue la de El Mozote, en Morazán. Foto Diario Co Latino/Guillermo Martínez.

Tutela Legal “María Julia Hernández” comprometida con la justicia en el país

Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino

Alejandro Lenin Díaz, abogado del área jurídica de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, trabaja en derechos humanos desde hace 15 años junto al equipo de compañeros, con quienes comparte su satisfacción de continuar un trabajo que inició en 1982 la doctora María Julia Hernández, quien forjó la mística de la institución.

“Tenemos muchos casos, recuerdo que cada caso que surgía en el contexto pasado era un caso investigado de oficio. Ahí se documentaron las masacres, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, engrosando nuestro registro, un archivo que cuenta con fotografías, testimonios y documentos que consideramos un material valioso, con una connotación histórica”, afirmó.

El trabajo que realizaron como Tutela Legal del Arzobispado, explicó Díaz, fue importante y valiosa, ya que los archivos donde se sustentan cientos de casos de violaciones a los derechos humanos de la población fueron utilizados por la Comisión de la Verdad, quienes rindieron su informe “De la Locura a la Esperanza”, luego de la firma de los Acuerdos de Paz el 16 de enero 1992.

Asimismo, indicó que para el equipo de Tutela todos los casos son considerados importantes, pero algunos han sobresalido por el tipo de hechos, como la masacre de El Mozote, El Sumpul, el asesinato de Monseñor Romero e incluso el caso de los sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras. Fue Tutela Legal del Arzobispado que inició investigaciones en 1989, pero luego lo continuó el IDHUCA.

Alejandro Lenin Díaz, abogado del área jurídica de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”.
Foto Diario Co Latino.

“Con la derogación de la Ley de Amnistía en el año 2016 vamos en marzo de 2017 al Juzgado Cuarto de Instrucción a solicitar la reapertura del caso de monseñor Oscar Arnulfo Romero. Y el juez lo apertura y decide quitarle el sobreseimiento a Álvaro Saravia, quien había sido beneficiado con la Ley de Amnistía y era el único que al final se le imputó ese crimen. El expediente se ha hecho bastante voluminoso, y el año pasado fuimos a verificar el proceso judicial. Son más de 15 piezas del caso y esperamos que el juez resuelva las solicitudes para investigar a otros implicados y conocer la verdad de este caso”, manifestó.

Otro de los casos representativos de Tutela es el “Caso Récord”, que en su momento cerró la empresa e intervienen diferentes entidades de gobierno. No obstante, Díaz explicó que en el proceso judicial los afectados continúan viviendo cerca de 30 mil toneladas de escombros y material contaminado con plomo, así como la existencia de enterramientos ilegales que ha denunciado la ciudadanía.

“Los imputados son los empresarios de la familia Lacayo, quienes al momento de comenzar el proceso judicial salen del país y se fugan.

Consideramos que en este error tiene mucho que ver la acción de la Fiscalía General de la República que permitió su salida del país.

Solo se procesaron a tres ingenieros que eran jefes de planta en estos últimos 10 años. En octubre del año pasado se da una condena judicial por contaminación ambiental agravada y los tres imputados reciben una pena mínima culposa, con responsabilidad civil, pero el daño a la niñez no se reparó y será el Estado el que pague la contaminación y no la familia Lacayo”, reseñó.

Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” tiene nuevos retos y horizontes dónde desarrollarse, añadió Alejandro Díaz, quien comentó que se mantienen en el contexto actual atendiendo nuevas denuncias, así como impulsar un marco jurídico de protección a los defensores de derechos humanos. “Este es un tema que no puedo dejar de mencionar y es llevar la protección desde una legislación a los defensores y defensoras de derechos humanos, porque existen casos recientes de personas que fueron asesinadas por el tema ambiental como la minería metálica, como sucedió en San Isidro Cabañas y otros lugares. Al criminalizar el movimiento social y procesarlo de manera judicial nos preocupa, así que vamos a trabajar por un verdadero Estado de derecho”, puntualizó.

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