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Tres estados de Estados Unidos se suman a demanda contra regla para limitar inmigración legal

Washington / Prensa Latina

Los estados norteamericanos de Nueva York, Connecticut y Vermont presentaron el martes demanda contra la regla gubernamental que busca disminuir la inmigración legal de personas pobres, y se sumaron a otros 18 territorios en esa lucha.

El recurso jurídico conjunto fue introducido por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en la corte federal de Manhattan, divulgaron reportes de prensa.

Hace cuatro días, los colegas de James de California, Maine, Oregón, Pensilvania y esta capital llevaron otra demanda a un tribunal federal en la ciudad de San Francisco.

De similar manera actuó el 14 de agosto en un tribunal de distrito de Washington, una coalición de dichos profesionales de ese estado, Virginia, Colorado, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México y Rhode Island.

Todos se oponen a la medida anunciada el pasado 12 de agosto que pretende ampliar la capacidad del Ejecutivo de negar visas o tarjetas verdes (de residencia permanente) a personas que sean consideradas una ‘carga pública’.

Ese término se ha referido históricamente a alguien que recibe cierto tipo de apoyo gubernamental en efectivo, pero ahora se amplía la designación para incluir la dependencia a ayudas como los cupones de alimentos, la asistencia para la vivienda y la cobertura bajo el programa sanitario Medicaid.

Con la nueva regla, prevista para entrar en vigencia a mediados de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional entenderá como carga pública a quien probablemente necesite beneficios oficiales más de un año en 36 meses, además de medir otros factores.

De acuerdo con la última demanda, esta medida del Gobierno del presidente Donald Trump implementa su ánimo explícito contra los inmigrantes de color.

La regla se basa en prejuicios raciales y contraviene la jurisprudencia de un siglo, afirma el texto, que apunta también que los inmigrantes dependientes de beneficios no monetarios no pueden considerarse cargas públicas.

‘Simplemente, bajo esta regla, más niños pasarán hambre, más familias se quedarán sin atención médica y más personas vivirán en las sombras y las calles. No podemos y no dejaremos que eso suceda’, sostuvo James en un comunicado.

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