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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
La Carta Magna de nuestro país establece normas de conducta política y jurídica que debemos respetar y cumplir todos.
En coherencia con la Constitución de la República, el artículo siete del código electoral, en su inciso “h”, dice que no pueden ejercer el sufragio: “las y los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente o presidenta de la república, o empleen medios directos encaminados a ese fin”.
Es que, aunque la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa derogara esa parte de la ley electoral, en la Constitución vigente hay al menos seis artículos referidos al mismo asunto. No es constitucional la reelección presidencial, por más que una Sala de lo Constitucional impuesta por esta legislatura haya emitido una sentencia que abre paso a la postulación del ahora presidente para optar a una reelección.
En el artículo 75 de la Carta Magna se establece que pierden sus derechos de ciudadanos: “4. Los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la república o empleen medios directos encaminados a ese fin”.
El artículo 88 establece que la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. Y que, la violación a esta norma obliga a la insurrección.
En el artículo 131, entre las atribuciones de la Asamblea Legislativa, el numeral 16 establece la facultad de “desconocer obligatoriamente al presidente de la república o al que haga sus veces cuando terminado su periodos constitucional continúa en el ejercicio del cargo. y dice que, en ese caso, si no hubiera persona legalmente llamada para el ejercicio de la presidencia, la Asamblea designará un presidente provisional.
En el artículo 152, siempre de nuestra Constitución, dice que no podrán ser candidatos a la Presidencia de la República: “1. El que haya desempeñado la presidencia de la república por más de seis meses consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al periodo presidencial”
En el artículo 154, dice: ”El período presidencial será de cinco años,
comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más.”
El artículo 248 afirma que “No podrá reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la república y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república”.
Esto lo leen cualquier estudiante de primaria, están obligados a conocerlo y cumplirlo todos los funcionarios públicos y los ciudadanos que optan a cargos de representación popular en el gobierno, al punto que se les obliga antes de tomar posesión a jurar que cumplirán la Constitución, cualesquiera que sean las ordenes o resoluciones que la contraríen .
Si teniendo todo esto a la vista se promueve la campaña por la reelección del presidente actual, se está incumpliendo con descaro la Constitución que juraron cumplir, se está violando la ley electoral, incluso cometiendo delitos.
A quienes son parte de esta campaña no les importa la crítica, no les importa saber que en una democracia hay límites, porque el endiosamiento hacia el presidente es para ellos más importante, y ser parte de un régimen autoritario, dictatorial, es una opción política independientemente de que esa opción sea ilegal e inconstitucional.
El engaño fue hecho al pueblo cuando se presentaron como demócratas, progresistas, hasta de izquierda. Igual que a un delincuente no le interesen las leyes que está dispuesto a violar para su provecho personal o grupal, así se comportan los que son parte e impulsores de esta campaña en un país donde el mismo régimen ha demolido las posibilidades de hacer justicia, imponiendo magistrados y jueces a la medida de sus deseos.
Mientras esta campaña por la reelección domina el ambiente político y se adelanta a la legalidad de los tiempos electorales, gente muere encarcelada, muchos de ellos inocentes, el costo de la vida se incrementa, la deuda amenaza con arrebatar los ahorros de trabajadores y pensionados, miles emigran, el miedo como remolino azota hasta a los jueces, en pocas palabras, el país retrocede y la dictadura avanza.
Todavía hay tiempo de detener esta ruta. Cobremos conciencia de las consecuencias nefastas de vivir en dictadura.
En manos de la ciudadanía todavía hay recursos para limitar el alcance del regimen que arrebata el futuro, al fin y al cabo la soberanía reside en el pueblo y su voto puede recuperar la democracia en la que luchemos todos por justicia social y respeto a nuestros derechos.
