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@GloriaCoLatino
Ovidio Mauricio González, store sickness coordinador de Tutela Legal “María Julia Hernández”, generic lamentó que el sistema judicial no opere conforme al marco jurídico.
“El Sistema Judicial falla porque quienes manejan los puestos de decisión o bien son políticos o gente cercana a los políticos; ningún magistrado de la Corte Suprema de Justicia o Sala de las Cámaras ha sido elegido por su capacidad o experiencia, store si no por sus relaciones políticas, por esto es bastante difícil la aplicación de la justicia”, razonó.
-¿Por qué de las nuevas exhumaciones en El Mozote?
– La Corte Interamericana de Derechos Humanos da una resolución y condena al Estado salvadoreño obligándole a realizar las exhumaciones que faltan, entonces la Fiscalía General de la República “disque” en cumplimiento de la sentencia, vino a hacer una serie de diligencias y ha recabado testimonios y pedido permisos para exhumar a familiares de víctimas. Lo que ha sorprendido a la población, en razón, que les ha dicho que investiga los casos, cuando sabemos que ya está en el Juzgado de Primera Instancia en San Francisco Gotera, Morazán.
– ¿Es un caso ya documentado?
En 1992 comenzó este proceso y se vislumbró el problema de la prueba científica, ahí contamos con la participación Clyde Snow, un probado antropólogo forense que es una de las personas más experimentadas en arqueología y antropología forense, quien dirigió las diligencias.
Y se hicieron las exhumaciones con el trabajo del Equipo de Antropología Forense de Argentina, en otros momentos porque carecemos de técnicos en esta especialidad en el país.
– ¿Qué motivó que los sacaran del proceso de exhumación?
Nuestras observaciones, y es que los peritos que la Fiscalía ha acreditado son ingenieros, sabemos que uno se apellida Ticas, no son realmente antropólogos forenses. Esto es grave porque se pierde la cientificidad y están desacreditando todo lo hecho en 1992, porque no son los peritos idóneos.
Y el Instituto de Medicina Legal (IML) ha nombrado a un grupo de peritas de nacionalidad canadiense que todavía no se han graduado como antropólogas forenses, porque están en sus prácticas en el IML, y este caso es delicado y necesita de gente con experiencia.
Las otras personas que están en ese proceso de exhumación son médicos forenses a los que conocemos que son muy buenos, porque de alguna manera han logrado experiencia, porque trabajaron con el equipo argentino, pero no es un equipo completo.
– ¿Cómo influye esto en la víctima y sus familiares?
Para realizar estas diligencias la Corte Interamericana ordenó que este proceso de exhumaciones se cumplan con una serie de protocolos estándar internacional de respeto a la víctima y dar una atención psico-social a la víctima, preparándola para el momento de exhumación del cuerpo de su familiar, para que pueda hacer su duelo y concluirlo, pero tampoco contamos con psicólogos sociales en el país.
Lo que se ha hecho anteriormente es un convenio con psicólogos de la Universidad de El Salvador (UES) y la única perito que nos acompañó en la exhumación de El Mozote ha sido Sol Yánez (española) psicóloga social que trabaja en la UCA; ella ha tratado de enseñar al personal del Ministerio de Salud, todo este procedimiento para atender a las víctimas y familiares.
Todo este procedimiento no lo ha realizado la Fiscalía…ha desoído estas cuestiones y ahí tenemos, que hay miembros de familias que no
aceptan la exhumación que quiere realizar el ente fiscal, mientras no lo hagan peritos idóneos y otra parte de la misma familia ha aceptado
que se haga, provocando la división.
– ¿Pagaron al Equipo Argentino de Antropología por las exhumaciones?
El Equipo de Antropólogos Forenses de Argentina se costearon con fondos propios, su trabajo y estadía, ellos mismos prepararon sus propios proyectos y nos apoyaron con las exhumaciones. No se necesitó erogaciones de la Fiscalía o Medicina Legal o del Ministerio de Hacienda para realizar los procedimientos y procesos.
– ¿Por qué la Fiscalía ha generado esta confrontación con la población y los querellantes?
Esta cuestión tiene que ver con una de las recomendaciones de la Corte IDH, que dijo que toda situación debería ser comunicada a las víctimas representadas por la Asociación de Derechos Humanos El Mozote, que es el conjunto de familiares de víctimas y ahí está Dorila Márquez, la máxima representante, y luego estamos nosotros como querellantes.
– ¿Qué razones dio la Fiscalía?
A nosotros solo nos avisaron que iban para el cantón La Joya, que había reunión y que debíamos presentar nuestros poderes ante la Fiscalía, cuando nuestros poderes como querellantes y representantes de las víctimas están agregados al proceso judicial de San Francisco Gotera, Morazán.
Y no a través de un proceso que la Fiscalía General de la República ha abierto a través del juez de Paz de Meanguera, donde él les autorizó un anticipo de prueba, no es un proceso judicial el que han abierto.
-¿Por qué de estas acciones del ente fiscal?
Es una estrategia para decir que están haciendo algo…pero al final no hará nada la Fiscalía y nosotros al igual que los familiares de las
víctimas tenemos que ejercer la vigilancia en todo ese proceso de exhumación.
Se nos ha hecho a un lado, pero vamos a presentar los recursos pertinentes, vamos a enviar una “nota urgente” a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que haga una supervisión del
proceso que se está haciendo.
-¿Qué esperan de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
-Que le indique al Estado salvadoreño que no está haciendo las cosas con los estándares internacionales, por ese cause pueden ir las recomendaciones.
Esperamos que la Corte IDH se pronuncie ante el Estado salvadoreño y estamos pensando también en presentar un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional que ha tenido mucho que ver con este proceso.
-¿Cuántas personas serían exhumadas?
Estamos hablando de alrededor de 30 personas aproximadamente, diseminados en 20 lugares de la zona. Nuestro temor es que la Fiscalía confunda los lugares como estrategia.
– ¿Cuál sería el interés?
Hay lugares que han incluido en sus exhumaciones, en donde hay enterramientos de víctimas y personas que no corresponden a la Masacre de El Mozote. Son enterramientos de hechos anteriores o posteriores de la Masacre en
El Mozote, ahí podría haber problemas ….podrían exhumar una tumba de guerrilleros, con el afán de confundir a los dolientes. Sabemos que hay gente que fue enterrada por la Masacre de la Guacamaya en esa zona y esto fue antes de la Masacre de El Mozote, y otros que fueron asesinados posterior a estas masacres.
– ¿Qué debe hacer la Fiscalía?
Realizar las experticias bajo los estándares internacionales y que respete a las víctimas, a los querellantes, porque esto no se trata de un caso cualquiera, es un caso de Lesa Humanidad y debe
tratarse como corresponde.
Si la Fiscalía General hubiera querido actuar de forma contundente, lo primero, que hubiera hecho era reabrir el proceso, porque la Ley de Amnistía había sido mal aplicada, porque este caso es de Lesa Humanidad, y realizar las diligencias correspondientes.
– ¿Cómo evalúan a las autoridades judiciales con el exgeneral Carlos Eugenio Vides Casanova?
Estamos casi siempre igual, existen procesos abiertos pero no existe investigación de parte de la Fiscalía, ni los jueces, ni la Corte Suprema de Justicia sobre la participación de todas estas personas en los hechos que involucran la violación de los derechos humanos.
Estados Unidos fue tajante y claro, al decir que Vides Casanova participó en graves hechos de violación en nuestro país y lo deportó, entonces ¿Qué puede hacer El Salvador? … puede desmentir a Estados Unidos …no, no puede pero encubre y no hace nada por investigar estos señalamientos.
Recientemente investigamos y se realizamos exhumaciones en Santa María Ostuma, La Paz, en la Masacre El Carrizal o el Níspero -como lo
llama la población- que ocurrió en mayo de 1980 .. y quién era el responsable como Ministro de Defensa … pues era Vides Casanova, creemos que tiene que ser investigado.
El asesinato de las Monjas de la orden Maryknoll, ahí se involucra la Guardia Nacional de la cual Vides Casanova era director … recordemos que un grupo de guardias en aquellos años, por sí solos no se iban a involucrar en este tipo de hechos sin contar con información detallada de las víctimas, como la hora o el número de vuelo en que arribarían al país las monjas… esa información venían de arriba de los altos mandos, claro Vides Casanova está involucrado y debe investigarse.
-¿Qué diligencias debe realizar la Fiscalía sobre Vides Casanova?
La Fiscalía debería tomar el papel que le corresponde y abrir ese proceso contra esa gente e investigarlo y ver si se pueden sancionarlo. La gente quiere saber qué sucedió con sus familiares.
– ¿Es que realmente la Ley de Amnistía los protege?
Ese es otro problema. Hay un imaginario en muchos jueces y funcionarios que creen que la amnistía se aplica a todos estos casos, cuando la
Sala de lo Constitucional, en el año 2000, a pesar que fue una sentencia muy ambigua dijo que los jueces que conocieran de estos casos (Lesa Humanidad) podrían determinar si aplicaban la Ley de Amnistía o no, diciendo que este tipo de delitos quedaban fuera de amnistías. Lo
que necesitamos son jueces valientes.
– ¿Con el caso de Inocente Orlando Montano?
Es casi la misma situación, pero lastimosamente se encuentra en los Estados Unidos y no puede ser juzgado ahí, porque los hechos ocurrieron en el país; el único peligro que enfrenta es que hay una denuncia en España por su participación en el asesinato de los Padres Jesuitas (1989) y ya se menciona un proceso se extradición hacia España.
