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La plataforma ciudadana SUMAR critica la utilización de fondos públicos en la realización del concurso “Miss Universo” y exige un cambio en las prioridades gubernamentales.
Oficialmente el gobierno no ha revelado el monto del gasto en la realización del certamen; sin embargo, Milena Mayorga, embajadora en Estados Unidos, declaró que la inversión ronda los 100 millones de dólares y que sólo la corona que se llevará la ganadora cuesta unos 5 millones de dólares.
Para SUMAR, estos recursos deberon invertirse en atender verdaderas necesidades de la gente como “reconstrucción de escuelas, reparación de calles, construcción de hospitales, proyectos de vivienda popular, obras de saneamiento, intruducción de agua potable y servicios básicos”.
Según medios internacionales, el gobierno salvadoreño habría pagado 12 millones de dólares sólo en concepto de derechos para hacer el evento en el país. Este monto habría sido entregado a la empresa dueña del certamente, la cual se declaró en quiebra recientemente.
Mientras “embellece” plazas y calles para la vista y el paso de las concursantes -dice SUMAR- el gobierno “deja sin medicinas los hospitales, debe 40 millones de dólares a la Universidad de El Salvador, quita fondos a Salud y Educación, despide a empleados públicos, desmantela sindicatos y elimina instituciones claves para el desarrollo como el INJUVE y el INSAFORP”.
Por tanto, la plataforma ciudadana exige al gobierno un cambio de prioridades en el gasto público.
Imagen falsa del país y promoción de candidatura inconstitucional
“Los recursos públicos son para atender demandas sentidas de la población y para resolver los problemas del país, no para financiar eventos propagandísticos que sólo buscan proyectar una imagen falsa del país, potenciar la candidatura inconstitucional del presidente y encubrir su autoritarismo, sus abusos, su corrupción y sus negociaciones con grupo criminales”, dice SUMAR, en un comunicado publicado en sus redes sociales.
Para SUMAR también “es falso que este tipo de eventos nos ponen en la mira de los inversionistas extranjeros”. Sostiene que “las inversiones llegan a países que tienen seguridad jurídica y reglas claras, respetan el estado de derecho y la institucionalidad, combaten en serio la corrupción y cuentan con mano de obra calificada”
Por tanto, insta a la población a “rechazar el engaño, a exigir rendición de cuentas y a trabajar por un país verdaderamente democrático, incluyente y justo; donde el objetivo central del gobierno sea reinvindicar los derechos y la dignidad de las personas, no hacer propaganda y perpetuarse en el poder”.
