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Un sobreviviente del conflicto armado observa el Monumento a la Memoria y la Verdad, ubicado en el parque Cuscatlán, en San Salvador. Foto Diario Co Latino/Archivo

Subcomisión Política alista informe de anteproyecto de Ley de Reconciliación

Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino

Pese a los señalamientos hechos por organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares de víctimas del conflicto armado respecto a que no se les tomó en cuenta en la discusión de una Ley de Reconciliación Nacional, la subcomisión política creada para tal fin se declaró lista para presentar informe a más tardar el próximo martes.
Julio Fabián, diputado de ARENA y miembro de la instancia legislativa consideró que existen suficientes insumos para entregar el informe, que según reveló esta compuesto por cerca de 35 artículos y dará respuesta a la sentencia de inconstitucionalidad que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a la Ley de Amnistía de 1993.

Ante los cuestionamientos sobre la inclusión de pena de cárcel para los culpables de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado, el parlamentario destacó que esta presente en la legislación pero debe valorar ciertos parámetros.

“Se valorará, ya que el artículo 27, inciso tercero, de la Constitución manda que la razón de cárcel es poder reinsertar a una persona a la sociedad, pero sucede que a una persona de 80 años cómo se le garantizará esto, creo que ya no hay razón”, sostuvo Fabián.

El parlamentario recordó que en la legislación nacional se establece que una persona mayor de 60 años o que posea enfermedades terminales no tiene que guardar cárcel por dicha condición, y es por ello que el proyecto de marco normativo incluirá esta disposición.
En días pasados las organizaciones de derechos humanos hicieron hincapié en que este tipo de disposiciones que los legisladores incluyen en la propuesta de ley son violatorias de derechos humanos, por lo tanto no responden a la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la CSJ que mandó a la Asamblea Legislativa aprobar una ley que contenga parámetros de justicia, verdad, reparación para
las víctimas y no repetición de los hechos del pasado.

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