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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Representantes de organizaciones de la sociedad civil externaron su respaldo a la labor del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y rechazaron intentos por coartar el trabajo procurador del derecho a la información pública de la ciudadanía.
Señalaron, además, que algunas instituciones estatales han acudido a instancias judiciales de lo Contencioso Administrativo con el fin de dilatar o evitar la entrega de información solicitada por ciudadanos, y rechazaron la obstrucción al trabajo de los comisionados y comisionadas del IAIP que el pasado 6 de este mes el Ministerio de la Defensa Nacional hiciera para evitar que inspeccionaran los archivos de la institución.
Portavoces de las organizaciones también se manifestaron contra la convocatoria extraordinaria del Ministerio de Educación para la elección del comisionado representante del sector universidades, pues la Ley de Acceso a la Información Pública no contempla prórrogas y Educación debía convocar para la elección de un suplente y no de un comisionado propietario, como lo pretende.
Subrayaron que uno de los candidatos a esta nueva elección -Óscar Alirio Campos- tiene un vínculo laboral con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública; “siempre ha sido una preocupación que se quiera controlar el IAIP y, por eso, pedimos mucha transparencia y que se elijan personas idóneas y el tema independencia, como parte de esa idoneidad, es importante”, dijo Javier Castro, representante de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana opinó que las elecciones de comisionados del IAIP parecen estar orientadas a cambiar la correlación en perjuicio de la defensa del derecho ciudadano del acceso a la información y de que este pierda sus facultades deliberantes. Las preocupaciones por la reserva indiscriminada de información también fueron tema de reflexión, las organizaciones lamentaron que la alcaldía de San Salvador se niegue a brindar información sobre el proyecto de seguridad a implementar en la capital, que comprometería al gobierno municipal al pago de casi $85 millones. La comuna ha argumentado que la divulgación de la información puede “poner en peligro la seguridad nacional”.
Para Jessica Estrada, coordinadora de Transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), el otorgamiento de información pública no es un favor de parte de las instituciones a la población, sino su obligación y consideró como retrocesos las restricciones constantes al derecho a la información pública.
