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Mis reflexiones…
Por David Alfaro
20/08/2025
Tras leer detenidamente las más de 50 páginas del proyecto de Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, queda claro que, aunque el texto no usa en ningún lado la palabra “privatización”, sus disposiciones abren enorme la puerta a la intervención de entidades privadas en la salud pública.
Concesiones a entidades privadas
El Artículo 3, literal g), otorga a la Red Nacional de Hospitales la facultad de “otorgar concesiones, con arreglo a la ley, de aquellos rubros que, conforme a su criterio, sea el mecanismo más conveniente y oportuno, en beneficio de la salud de los habitantes”. En la práctica, esto significa que la totalidad de servicios esenciales podrían ser entregados a operadores privados (situación que comenzó parcialmente desde el 2021), poniendo en riesgo la equidad y el acceso universal.
Contratación con personas jurídicas
El Artículo 48 establece que la Red puede contratar obras, bienes, servicios y concesiones con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Esto consolida un mecanismo formal para que actores privados se inserten de lleno en la provisión de servicios de salud, trasladando responsabilidades públicas al sector privado.
Externalización y riesgos para la población
La Ley permite delegar funciones operativas a entidades privadas bajo el argumento de modernizar el sistema y ofrecer servicios “inmediatos, actuales y renovados”. Pero esta externalización plantea riesgos muy graves.
🔸Acceso y equidad: La búsqueda de rentabilidad podría priorizar ciertos servicios o usuarios, dejando desprotegidos a los sectores más vulnerables.
🔸Fragmentación del sistema: La autonomía de la Red y su capacidad para otorgar concesiones podrían generar un sistema de salud fragmentado, con servicios dispersos y dificultad para coordinar la atención.
🔸Control y concentración de poder: La Junta Directiva de la Red, compuesta por miembros designados por Nayib Bukele, concentra la toma de decisiones en el Ejecutivo, debilitando la supervisión pública. Esta estructura autoritaria determina presupuestos, reglamentos internos y contratación de servicios, consolidando un control centralizado que puede eludir mecanismos de transparencia.
🔸Riesgos para la rectoría del Ministerio de Salud: La Red gozará de independencia operativa, según el proyecto. Esto generará conflictos con el Ministerio de Salud, encargado constitucionalmente de la política nacional de salud, debilitando la capacidad estatal de garantizar servicios públicos, universales y equitativos. La aplicación supletoria de la Ley de Compras Públicas refuerza este régimen especial, con menos controles y mayor margen de discrecionalidad.
👉 Conclusión y advertencia para médicos, pacientes y pueblo en general: Este proyecto marca el inicio de un proceso de privatización encubierta de la salud pública. Si bien no se privatizan los hospitales y clínicas nacionales, sí se hará con la externalización masiva de servicios y proveedores en lo privado. Médicos, pacientes y pueblo en general deben mantenerse vigilantes. La participación privada y la externalización de servicios representan una amenaza directa al acceso equitativo y al control ciudadano sobre la salud que históricamente ha sido un derecho fundamental. Este es el momento de exigir transparencia, control y defensa de la salud como bien público.
