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Diputada Claudia Ortiz:
Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Diputados de la Asamblea Legislativa concuerdan sobre la poca transparencia y la ineficacia del Plan Control Territorial en el combate a la inseguridad del país, a pesar de que el Gobierno central se alista a cumplir tres años en el poder y las pandillas aún siguen con el control del territorio.
Solo este fin de semana pasado se reportaron más de 70 muertes violentas, lo que provocó una serie de medidas estatales, entre ellas, la última carta, el régimen de excepción, el cual ha sido fuertemente criticado por diversos sectores nacionales e internacionales por prestarse a la violación a los derechos humanos.
Llegar al estado de excepción significa que el Plan Control Territorial demuestra vacíos o ha sido ineficaz, a pesar de los millones inyectados para su ejecución.
El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, comentó que es difícil opinar y medir la efectividad del plan principal de seguridad pública del Gobierno sin que el documento haya sido público, pues como tal, el GOES nunca dio a conocer el documento que contemplaba el Plan Control Territorial. Solamente algunos medios tuvieron acceso e hicieron su análisis sobre el mismo.
“Se vuelve difícil cuando no se cuenta con toda la información y producto de eso también, cuando sucede algo como el alza de homicidios que vivió el país el fin de semana, no queda más que especular sobre las posibles hipótesis de porqué tanto asesinato, ¿a qué se debe esto?, si nos han vendido, el Gobierno consistentemente, que está funcionando el Plan Control Territorial porque no hay homicidios en el país”, destacó Wright Sol.
La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, comentó que luego de casi 3 años de haberse implementado el “supuesto” Plan Control Territorial y otorgar varios millones de dólares, “todavía no se conoce cuáles son los objetivos que pretenden lograr, los indicadores de logro medibles y la metodología de trabajo de ese plan. Lo que se ha visto en un momento, es una reducción de homicidios y en otros momentos, alzas sumamente llamativas y desmedidas como la que hubo el año pasado y también el fin de semana pasado”, destacó la legisladora.
Ortiz sostuvo que es difícil decir que ha habido una política pública adecuada que aborda un problema y que también se hace de una manera transparente y de cara a la población.
En ese sentido, el jefe de fracción del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Jaime Guevara, dijo que el Gobierno debe transparentar los recursos que están utilizando en las fases del Plan Control Territorial, el cual consta de 7, pero públicamente solo se han efectuado 4. Ya que los fondos destinados, son del erario, por tal “le compete al Gobierno transparentar los fondos, es una obligación que el Gobierno declare en qué se están invirtiendo y cuáles son esas fases y beneficios”.
“Con esto queda demostrado que prácticamente este millonario Plan Control Territorial lo han puesto en duda y lo ha hecho el crimen organizado”, enfatizó Guevara.
En otro punto, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), informó que el estado de excepción decretado como respuesta a la ola de violencia en El Salvador no se apega a los estándares internacionales de derechos humanos que El Salvador se ha comprometido a respetar.
WOLA aseguró que el decreto aprobado por la Asamblea Legislativa suspende garantías que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala como derechos “que no pueden ser suspendidos en un estado de excepción”, tales como el derecho a un debido proceso y el derecho a la defensa. Además, suspende el derecho a la libertad de reunión y asociación y permite la intervención de comunicaciones privadas sin necesidad de una orden judicial. “Dados los antecedentes sobre denuncias de espionaje ilegal hacia periodistas en el país, este extremo supone otra grave amenaza a la libertad de prensa y a los derechos humanos”.
“El estado de excepción es una herramienta para que, en una situación de emergencia, se mantenga y preserve el orden constitucional, no para que se menoscabe el mismo ni para que las fuerzas de seguridad y otros agentes y funcionarios del Estado actúen arbitraria y discrecionalmente”, destacó la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.
Mientras que el presidente de la República, Nayib Bukele, criticó en Twitter a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por haber “patrocinado la tregua que solo fortaleció a las pandillas y les permitió acumular recursos, dinero, armamento y les permitió entrenarse en los polígonos de tiro del ejército para matar salvadoreños”.
En el congreso salvadoreño, el diputado Numan Salgado, del partido en Gobierno, externó que desde que terminó la guerra civil en El Salvador “hemos visto que los derechos humanos han potenciado a estos grupos pandilleriles, protegiendo los derechos humanos solo de ellos, porque de la población civil, no se manifiestan, no vemos un comunicado que diga que lamentan la muerte de tantos salvadoreños a manos de estos grupos de pandillas”. Lo anterior, en defensa de las declaraciones del presidente Bukele hacia la comunidad internacional.
