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Redacción Nacionales
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Representantes de la mesa de exiliados salvadoreños en México y del Socorro Jurídico Humanitario remitieron esta semana a la Corte Penal Internacional (CPI) un informe especializado sobre violaciones a derechos humanos en el sistema penitenciario de El Salvador, en el contexto del régimen de excepción.
Ingrid Escobar, directora del SJH desde la Ciudad de México, donde está exiliada, dijo en el programa Encuentro con Julio Villagrán que, desde esa ciudad, articulan esfuerzos junto al Observatorio de Derechos Humanos, para la elaboración de un documento de 32 páginas, en el que se recopila datos, testimonios y análisis sobre las condiciones carcelarias y el impacto de las detenciones masivas ejecutadas desde marzo de 2022.
La defensora de derechos humanos estima que en el sistema penitenciario salvadoreño han ocurrido “no menos de 1,300 muertes” de personas najo custodia del Estado, durante el régimen de excepción. De ese total, aseguran haber confirmado 487 víctimas con documentación propia, aunque sostienen que la cifra real sería mayor.
“El dato más grave son las muertes”, señaló, al explicar que el informe ya fue compartido con distintos organismos internacionales de protección de derechos humanos y que actualmente se encuentra disponible para descarga pública en sus redes sociales. De acuerdo con la organización, el documento ha superado las 3,000 descargas, incluyendo consultas de medios de comunicación e instancias internacionales para la defensa de derechos humanos.
En su análisis, el Socorro Jurídico Humanitario sostiene que las principales causas de fallecimiento han variado a lo largo del régimen. Durante el primer año y medio, afirman que predominaban las muertes violentas; sin embargo, plantean como hipótesis que 2026 podría convertirse en el año con mayor número de decesos debido a enfermedades adquiridas o agravadas en prisión.
Entre las causas señaladas mencionan complicaciones asociadas a diabetes, hipertensión e insuficiencia renal, así como padecimientos derivados —según indican— de la desnutrición y falta de atención médica adecuada. “Son muertes evitables”, asegura, al sostener que el derecho a la salud no estaría siendo garantizado dentro del sistema carcelario.
Ingrid Escobar también informó que se ha sostenido reuniones con representantes de diputados federales de Alemania, ante quienes presentaron testimonios de personas liberadas y familiares de detenidos que denuncian lesiones, condiciones de hacinamiento y presuntas vulneraciones a derechos fundamentales.
“Las víctimas han hablado directamente”, indicó, subrayando que se trata de personas que ya recuperaron su libertad bajo medidas alternas. En el informe se incluyen recomendaciones dirigidas al Estado salvadoreño. Entre ellas, la implementación de mecanismos que garanticen atención médica efectiva a la población privada de libertad, explicó Escobar.
Recientemente, medios nacionales reportaron procesos de licitación para la incorporación de servicios de telemedicina en centros penitenciarios, una medida que la organización considera un avance, aunque insuficiente.
En cuanto a la situación judicial de las más de 91,000 personas detenidas bajo el régimen de excepción, la organización expresó preocupación por la lentitud de los procesos y la realización de juicios colectivos.
Escobar dijo que, hasta abril, se habían presentado más de 3,000 dictámenes de acusación, lo que implicaría que en muchos casos las investigaciones apenas estarían iniciando.
“Los juicios masivos todavía es algo que se está esperando”, afirmó, tras señalar que las familias aguardan la realización de audiencias únicas que permitan esclarecer la situación de personas que consideran inocentes. También advirtió sobre el riesgo de errores en los procesos colectivos y la necesidad de verificar la identidad y condición de las personas procesadas.
La activista de derechos humanos expresó inquietud por la situación de quienes no cuentan con defensa privada, al considerar que podrían enfrentar mayores dificultades en su representación legal.
Escobar también cuestionó declaraciones del presidente de la República, Nayib Bukele, sobre posibles penas generalizadas, al señalar que las decisiones judiciales corresponden exclusivamente al órgano Judicial y no al Ejecutivo.
El Socorro Jurídico Humanitario aseguró que continuará documentando casos y promoviendo acciones ante instancias nacionales e internacionales. Escobar reiteró que su objetivo es visibilizar las denuncias y buscar la liberación de personas que consideran detenidas injustamente.
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa en marzo de 2022 como respuesta a un repunte de homicidios atribuido a pandillas, luego de la ruptura de la tregua sostenida con el Gobierno, y ha sido prorrogado en múltiples ocasiones.
Mientras el Gobierno sostiene que la medida ha permitido una reducción histórica de la violencia, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han señalado preocupaciones relacionadas con detenciones arbitrarias, la ausencia del debido proceso y condiciones críticas de detención.
El informe enviado a la CPI se suma a una serie de acciones impulsadas por organizaciones de la sociedad civil que buscan que instancias internacionales examinen la situación salvadoreña. Por el momento, no se ha conocido pronunciamiento oficial de la Corte Penal Internacional sobre la recepción o análisis del documento.
Entretanto, la discusión sobre el alcance y las consecuencias del régimen de excepción continúa marcando el debate público en El Salvador y en espacios internacionales de derechos humanos.
