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El Socorro Jurídico Humanitario alertó sobre al menos 588 fallecimientos en centros penitenciarios durante los 56 meses del régimen de excepción y señaló vulneraciones a los derechos humanos y garantías judiciales. Foto Diario Co Latino / Cortesía. 

SJH denuncia 588 muertes en centros penales, 94 % no tenía perfil delictivo 

Saúl Méndez

Colaborador

El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) realizó la denuncia internacional de las “Graves Violaciones a los Derechos Humanos y Crímenes bajo Custodia en El Salvador”, en la que expuso una serie de presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales durante la aplicación del régimen de excepción.

La organización alertó que, durante los 56 meses de vigencia de esta medida, se han registrado al menos 588 muertes de salvadoreños en centros penitenciarios bajo custodia del Estado, sin que las víctimas hubieran sido vencidas en juicio.

El SJH advirtió que la cifra podría ser considerablemente mayor y alcanzar miles de personas fallecidas, debido a un posible subregistro y al ocultamiento de información sobre las causas de muerte en el contexto de los procesos judiciales masivos.

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) ha advertido que, desde principios de 2026, los tribunales salvadoreños comenzaron a condenar a personas en juicios masivos que reúnen a cientos de acusados, con base en pruebas débiles y sin garantizarles una oportunidad real de ejercer su defensa.

Asimismo, el Socorro Jurídico Humanitario estimó que el 94 % de las víctimas no tenía un perfil delictivo ni vínculos con estructuras de pandillas. Según la organización, este porcentaje evidencia un patrón de detenciones arbitrarias masivas y falta de garantías judiciales.

A estas denuncias se suma el presunto ocultamiento sistemático de las causas reales de muerte de personas privadas de libertad, lo que dificulta el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.

“Esta situación configura violaciones graves y sistemáticas al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho penal internacional”, aseguró la organización.

La denuncia del SJH se fundamentó en las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), particularmente en los artículos 6, 9 y 14, relacionados con el derecho a la vida, la libertad y seguridad personales, y las garantías de un juicio justo.

Respecto al artículo 6, señaló que las muertes bajo custodia estatal, cuando son consecuencia de falta de atención médica, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, pueden constituir privaciones arbitrarias del derecho a la vida.

También cuestionó las detenciones masivas y la falta de control judicial efectivo, ya que considera que podrían contravenir el artículo 9, que prohíbe las privaciones arbitrarias de libertad. Asimismo, sostuvo que los procesos colectivos vulneran las garantías establecidas en el artículo 14, entre ellas la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso.

Posibles crímenes de lesa humanidad

El Socorro Jurídico Humanitario también planteó que los hechos denunciados podrían ser examinados a la luz del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), que contempla los crímenes de lesa humanidad cuando determinados actos forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y se cometen con conocimiento de dicho ataque.

Entre las conductas señaladas figuran el asesinato, la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, la tortura y la persecución de grupos o colectividades por motivos prohibidos.

La organización considera que las muertes bajo custodia del Estado, las condiciones de reclusión y las presuntas irregularidades en los procedimientos judiciales deben ser objeto de investigaciones independientes para establecer las circunstancias de los hechos y las posibles responsabilidades.

El SJH también defendió la legitimidad de la sociedad civil, los colectivos de víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos para acudir a instancias internacionales y presentar denuncias, informes y comunicaciones sobre posibles vulneraciones.

Entre los mecanismos mencionados se encuentran los procedimientos especiales y grupos de trabajo de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los mecanismos de comunicación ante la Corte Penal Internacional, conforme a sus respectivas competencias y requisitos.

La organización también recordó la importancia de documentar cada caso y mantener visibles las denuncias de las familias de las víctimas, como parte de la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral.

El SJH destacó que preservar la memoria de las personas fallecidas y exigir investigaciones sobre las posibles violaciones a los derechos humanos constituye una vía para combatir la impunidad y procurar que los responsables rindan cuentas.

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