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Por Leonel Herrera*
La Fiscalía General de la República (FGR) volvió a presentar su querella contra los ambientalistas de Santa Marta, previo a la audiencia preliminar prevista para el próximo 3 de abril. Y -según medios periodísticos- la nueva versión de la acusación penal repite la misma característica principal: la falta de pruebas que confirmen la existencia de los delitos señalados y la participación de los imputados en su cometimiento.
En un año de investigaciones la Fiscalía no logró obtener ningún elemento probatorio y sigue fundamentando su acusación en el relato contradictorio de un testigo protegido que primero dijo que vio y después que le contaron lo sucedido. Se basa en la declaración anticipada del mismo “testigo de chambre”, como bien señaló el reconocido abogado Ovidio Mauricio, director de Tutela Legal “María Julia Hernández”.
https://twitter.com/ades_sm/status/1635791919488946176
Esto significa que no hay cuerpo del delito. La FGR ni siquiera menciona que -a finales de junio del año pasado- no fue encontrado el cadáver de la supuesta víctima, después de una semana de exhumación fallida en el lugar donde -según el testigo- estaba enterrada la supuesta víctima.
https://www.diariocolatino.com/juezas-y-fiscales-no-encontraron-el-cadaver-de-la-supuesta-victima/
Entonces, ¿por qué la representación fiscal insiste con esta acusación falsa? ¿Por qué sigue adelante con un caso a todas luces montado artificialmente? ¿Por qué no abandona un proceso espurio que, además de la falta de pruebas, no tipifica como delito de lesa humanidad y está exento de responsabilidad penal por la Ley de Reconciliación Nacional de 1992?
Y ¿por qué la Fiscalía no escucha el clamor de cientos de organizaciones, instituciones, académicos y activistas nacionales e internacionales que durante los últimos meses han elevado aún más sus voces pidiendo retirar la acusación y cerrar el caso?
Si el propósito de la FGR es hacer justicia por los delitos cometidos durante la guerra civil, ¿por qué no investiga y procesa a los autores intelectuales y materiales de las masacres perpetradas con lujo de barbarie por el ejército gubernamental y sus grupos paramilitares contra la comunidad Santa Marta?
La respuesta es simple: porque no se trata de un caso jurídico auténtico, sino de una manipulación de la justicia para perseguir a los líderes comunitarios de Cabañas debido a su activismo ambiental. Esta instrumentalización judicial tiene como trasfondo principal el intento de debilitar la resistencia social contra los nocivos proyectos mineros que nuevamente amenazan el agua, los ecosistemas y la continuidad de la vida en el país.
La persecución contra los defensores ambientales también es un tenebroso mensaje para todos los activistas, comunidades, organizaciones, sectores sociales y cualquier persona o grupo que se oponga a proyectos o políticas gubernamentales.
La acusación contra los activistas antimineros también busca, entre otras cosas, criminalizar el pasado insurgente y sentar un precedente legal para perseguir quienes participaron, colaboraron, apoyaron o simpatizaron con las luchas revolucionarias. Esto podría desatar una persecución judicial sin precedentes contra todos los y las ex combatientes del conflicto armado.
Por eso es necesaria una mayor presión social de cara a la referida audiencia. El llamado debe ser a la jueza de Instrucción de Sensuntepeque, María Elizabeth Amaya Rivera, a que actúe en base a la legalidad y que -a partir de la falta de pruebas- conceda el sobreseimiento definitivo, cierre el caso y dé por finalizado este bochornoso proceso judicial.
*Periodista y activista social.
