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Redacción Nacionales
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Autoridades judiciales y fiscales no lograron encontrar el cadáver de María Inés Alvarenga, la persona que -según la Fiscalía- fue asesinada en 1989 por los líderes comunitarios de Santa Marta detenidos el pasado 11 de enero.
Fuentes cercanas al caso confirmaron en condición de anonimato a Diario Co Latino que la semana pasada se realizó un fallido proceso de exhumación ordenado por el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, a petición de la Fiscalía General de la República. En la diligencia también participó el Juzgado de Paz de Victoria.
“Fue un hecho notorio, constatado por la comunidad Santa Marta, que las juezas (de Paz de Victoria y de Instrucción de Sensuntepeque) y la Fiscalía estuvieron cuatro días escarbando en diferentes lugares y no encontraron nada”, dijo a este medio una de las fuentes.
La diligencia se extendió más allá del plazo y del perímetro autorizado por la autoridad judicial correspondiente, pero aún así no encontraron la osamenta de la supuesta víctima. En la escena también habría estado el principal testigo de la Fiscalía, quien ha sido cuestionado por sus declaraciones contradictorias.
“La jueza (de Instrucción) de Sensuntepeque autorizó 72 horas para la búsqueda del cadáver, pero la Jueza (de Paz) de Victoria dio 24 horas más; sin embargo, después de casi 100 horas de búsqueda no encontraron ninguna osamenta”, dijo una fuente.
Otra fuente señaló que “tampoco se respetó el punto geográfico autorizado y se hicieron perforaciones de 120 metros de largo por tres de profundidad en distintos lugares”.
Para otras personas, también cercanas al caso, esto es una confirmación de que “la Fiscalía no tiene pruebas”.
“El caso Santa Marta jurídicamente no existe, pero aun si hubiera existido, con la exhumación fallida se cayó dos veces: una, porque se confirmó que la Fiscalía no tiene la principal prueba, que sería el cadáver de la persona supuestamente asesinada; y dos, porque se evidenció que el testigo, que es su principal fuente probatoria, ha mentido”, declaró una fuente.
Las fuentes consultadas consideran que, con lo sucedido en la fallida diligencia de exhumación, la Fiscalía debería retirar la acusación contra los defensores ambientales de Santa Marta y ADES. “Si no tiene el cadáver, tiene un testigo falso y no tiene más pruebas, es imposible mantener la acusación”, considera la fuente.
El pasado 16 de mayo, Naciones Unidas, a través de la Relatoría Especial sobre Defensores de Derechos Humanos, expresó al Estado salvadoreño su preocupación por la criminalización de los activistas ambientales y pidió su inmediata libertad. La semana pasada la Cámara de Segunda Instancia de Cojutepeque admitió una apelación presentada por la defensa de los líderes comunitarios y ordenó al Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque realizar una audiencia especial de revisión de la detención provisional. Los líderes comunitarios son acusados por la Fiscalía de cometer una asesinato durante la guerra civil salvadoreña cuando eran combatientes guerrilleros. Sin embargo, diversas organizaciones nacionales e internacionales, como la Asociación Americana de Juristas, afirman que se trata de una manipulación de la justicia para perseguir a defensores ambientales que se oponen a la minería metálica.
