Página de inicio » Opiniones » Seguridad humana y violencia

Seguridad humana y violencia

José M. Tojeira
José M. Tojeira

José M. Tojeira

Este lunes presentó el PNUD el Informe Regional de Desarrollo Humano, mind 2013-2014, medical centrado en América Latina y en el tema de la seguridad humana. Frente a la pobreza de debate sobre el tema de la violencia y de las maras en el país, site contrasta la calidad de este estudio que, aunque está dedicado a Latinoamérica, trae bastante dato sobre El Salvador. Y sobre todo contiene elementos de política en torno a la seguridad humana, así como ejemplos de buenas prácticas y experiencias, que constituyen una excelente base para diseñar políticas públicas de seguridad ciudadana, paz social y reconstrucción de relaciones sociales positivas en nuestras poblaciones y comunidades.

Dada la amplitud del informe me concentraré en muy pocos puntos tanto por su importancia entre nosotros como por su incidencia en el debate. El primero de ellos es el tema de la juventud. Los jóvenes son en El Salvador los más afectados por la violencia y por los factores que la propician. Son los que más mueren y los que más matan. Son los que ven más amenazadas sus escuelas por la violencia y por la desigualdad en calidad. Son los que sufren la separación de familias, los que más migran, los que ven más reducida su libertad al atravesar barrios diferentes al propio. Sufren más sospechas que cualquier otro grupo etario y con frecuencia peor trato de parte de la policía, incluidas detenciones arbitrarias por supuestos delitos leves. A ellos les cuesta más que a los adultos encontrar trabajo y generalmente son los peor pagados. Son los que más pueblan las cárceles, los que sufren mayores abusos o maltrato en la propia casa, desde gritos, insultos y agresiones contra su autoestima hasta castigos violentos y abuso sexual.

El informe ayuda a entender que de ninguna manera ayuda a la seguridad ciudadana el mal trato a los jóvenes. Y que al contrario, es indispensable el desarrollo de políticas públicas que incidan en el desarrollo pleno de sus capacidades y los integren armónicamente en la sociedad. De lo contrario nos veremos insertos en un proceso de transmisión intergeneracional de la violencia que dañará seriamente nuestro desarrollo humano. La educación desde tempranos años y la plena escolarización de nuestros jóvenes hasta el fin del bachillerato es indispensable para ello. La concentración actual en la primaria, desde los 7 a los 15 años, deja por fuera a amplias proporciones de niños y jóvenes tanto en la educación preescolar, que debería comenzar los más tarde a los tres años, como en el bachillerato, en el que sólo graduamos al 40% de nuestros jóvenes. Programas de aprendizaje laboral, impulso al deporte, estímulos a las empresas para la contratación de un primer trabajo o para contrato a medio tiempo de jóvenes universitarios, son caminos importantes, así como el apoyo a jóvenes emprendedores. Voluntariados, estímulos para el trabajo social en beneficio de las comunidades son otros factores que complementan una buena política de apoyo a los jóvenes.

Otro tema importante, especialmente en esta coyuntura electoral, es el de la militarización de la seguridad. Con distinto énfasis tres candidatos de derecha insistieron en el tema. El informe del PNUD es enfático al resaltar los fracasos de los diferentes planes de “mano dura” en América Latina, que con demasiada frecuencia han involucrado a militares. Es increíble la capacidad de caer en los mismos errores de parte de nuestros políticos. Para nadie es un secreto que el militarismo, además de constituir una amenaza a la democracia ha dejado en América Latina un verdadero reguero de abusos y sangre en décadas pasadas. Otorgarles nuevamente relevancia social en temas tan delicados como la seguridad ciudadana, tan vinculada a la seguridad humana y por tanto a la democracia, es ya de por sí un error garrafal. Pero además la participación militar en temas de seguridad ciudadana, tergiversa la política normal de cualquier policía. Mientras la policía está entrenada y preparada para contener el delito con el mínimo de fuerza, los ejércitos son entrenados para destruir al enemigo con la contundencia de la mayor fuerza posible. Mientras la policía se inserta en políticas de seguridad que buscan la rehabilitación del delincuente, y por tanto parten de la concepción del delincuente como persona humana con derecho a ser reintegrado en la sociedad tras diversos procesos de rehabilitación, los ejércitos miran simplemente enemigos. La tendencia a privilegiar la violencia sobre la investigación y de escalar los niveles de violencia, se convierte en un riesgo inminente. La posibilidad de multiplicar víctimas inocentes en esa especie de “guerra” contra el crimen es más que evidente.

En ese sentido llama poderosamente la atención la poca o nula capacidad de los candidatos de plantear políticas públicas realistas y positivas frente al delito, la violencia y el crimen. Como llama la atención que el tema de la corrupción, a pesar de tantas evidencias que van surgiendo en el día a día, no preocupe en el debate electoral y no se vincule con la seguridad ciudadana. La corrupción de los de arriba siempre se ha visto y experimentado en todas las culturas como un factor productor de inestabilidad social. En toda sociedad el ejemplo de los gobernantes tiende a crear cultura. Gobernantes o exgobernantes corruptos, funcionarios de la misma laya que pasean con toda impunidad su enriquecimiento, que siguen jugando un papel en la política o que incluso presumen tranquilamente de los millones que han mal usado, cometiendo delito, crean simultáneamente una desconfianza grave de nuestras instituciones democráticas e incitan a la violación de normas básicas de convivencia. Dar este ejemplo a nuestra juventud es también golpear el futuro de todos, rebajar la calidad de la democracia, y aumentar la violencia. Porque la corrupción es también violencia. Y de esas violencias estructurales que acaban impulsando y promoviendo las más oscuras violencias directas y destructivas. Leer con calma el Informe regional sobre Seguridad Humana del PNUD, debatirlo, aprovecharlo, es una tarea de inteligencia política. Ojalá nuestros políticos la asuman.

Ver también

La mentira y la impunidad imperan en el Día de la Verdad y Dignidad de las Víctimas

Por Leonel Herrera* El pasado 24 de marzo conmemoramos el 44 aniversario del magnicidio de …