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David Martínez
Rosmeri Alfaro
@DiarioCoLatino
Miembros de Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) y ARPAS llegaron al Consejo Nacional del Salario Mínimo a pedir explicación a los sectores laboral y de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), sobre los criterios que tomaron en cuenta para la aprobación del incremento de 0.20 centavos de dólar, en junio pasado.
Dichos cuestionamientos no tuvieron respuesta, como no los han tenido los de otras organizaciones sociales que han llegado con la misma inquietud al seno de la entidad tripartita, por lo que los miembros de estas organizaciones denominaron como irresponsables a las partes por la actitud silenciosa tomada.
“Esta actitud de estas personas es irresponsable y hasta puede ser delictiva porque violenta principios de la Ley de Ética Gubernamental, de la Ley de Acceso a la Información Pública. Porque ellos como funcionarios públicos que devengan un salario están obligados a responder a la ciudadanía”, expresó Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPAS.
Para Margarita Posada, coordinadora del Foro Nacional de la Salud, el salario mínimo debe ser basado según lo mandata la Constitución de la República, a partir de las necesidades de la población salvadoreña. Posada señaló que no se trata del interés de las empresas sino de una vida digna para la población salvadoreña.
De acuerdo con Posada es importante hacer una revisión de cómo se establece una canasta básica, la cual debe ser una sola para el área rural y urbana, y a partir de ahí definir un salario mínimo unificado. Otro de los aspectos que destacó es cómo se debe establecer la representatividad en el consejo.
Respecto al sector laboral, dijo que es importante que se depure el padrón de los sindicatos, mientras que en el sector empresarial es necesario abrir un espacio para la pequeña y mediana empresa que es la que sostiene la economía nacional.
Como ASGOJU y ARPAS hay muchas organizaciones que han pedido audiencia para exponer ante el consejo, sobre todo al sector trabajador y empleador, los criterios de porqué debe darse un incremento diferente al salario. Según el presidente del CSM, Alejandro Rosales, cada vez más van puntualizando las debilidades del incremento que no tienen sustento y no están acorde a lo que manda la norma jurídica constitucional y del Código Laboral, pero sobre todo que no está acorde a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras.
En total, son ocho instituciones las que han pedido audiencia, dijo Rosales, entre ellas se encuentra la participación de la Universidad José Simeón Cañas (UCA), quienes en su encuesta revelan que la población requiere de un salario mínimo justo y equitativo.
