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¿justicia o riesgo de condenas masivas?
Por David Alfaro
17/02/2026
La marcha de familiares de personas detenidas en el norte de San Salvador y organizada por el Movimiento de Víctimas del Régimen, El Salvador, volvió a poner sobre la mesa una preocupación que crece en silencio: los juicios colectivos que la dictadura de #Bukele planea implementar contra los casi 90 mil capturados bajo el régimen de excepción.
Los manifestantes exigieron algo básico en cualquier sistema de justicia: juicios individuales, pruebas claras y respeto al debido proceso. Su temor es concreto. La Fiscalía prevé presentar unas 3,000 acusaciones colectivas dentro de un universo que ronda las 90,000 detenciones desde marzo de 2022.
¿Puede haber justicia cuando se juzga a grupos enteros en lugar de personas específicas?
Responsabilidad individual: la base del derecho penal
El derecho penal moderno parte de un principio sencillo y justo: cada persona responde por sus propios actos, no por sospechas colectivas ni por el lugar donde vive.
En los juicios masivos ese principio se debilita. Cuando decenas o cientos de acusados son procesados juntos, la acusación suele apoyarse en patrones generales más que en hechos concretos. Eso dificulta probar quién hizo qué. Y si no se individualiza la conducta, el riesgo de condenar inocentes aumenta.
El Debido Proceso: más que un trámite
El debido proceso es el conjunto de garantías que protegen a cualquier persona frente al poder del Estado. Incluye saber de qué se le acusa, tener acceso a pruebas, contar con defensa efectiva y ser juzgado por un tribunal imparcial.
En procesos colectivos estas garantías se vuelven frágiles. Los expedientes se acumulan, la defensa pública se satura y la posibilidad de analizar cada caso a profundidad se reduce.
La justicia se vuelve más rápida, sí… pero también más superficial e injusta.
Presunción de inocencia en tensión
Toda persona debe ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ese es un pilar básico.
Pero en juicios masivos ocurre lo inverso en la práctica: los acusados parten bajo una sospecha colectiva difícil de desmontar individualmente, sobre todo cuando llevan meses o años en prisión preventiva.
El dilema de fondo: seguridad versus justicia
El Estado tiene la obligación de combatir el crimen. Eso no está en discusión. El problema surge cuando la búsqueda de resultados rápidos comienza a debilitar las reglas que garantizan juicios justos. La eficacia penal no puede sustituir la legalidad, porque cuando eso ocurre, la justicia deja de medir culpabilidades y pasa a administrar castigos.
Consecuencias que van más allá de las sentencias
Los efectos de los juicios colectivos no terminan en los tribunales. También impactan a la sociedad:
•Familias desintegradas
•Comunidades estigmatizadas
•Desconfianza en el sistema judicial
•Saturación carcelaria
Y si en el futuro se revisan casos o intervienen instancias internacionales, el Estado podría enfrentar miles de denuncias por violaciones al debido proceso.
A manera de conclusión…
Las marchas de familiares de presos no sólo expresan dolor personal. Plantean una discusión de fondo sobre el tipo de justicia que se está construyendo.
Porque cuando se juzga en masa, el riesgo no es solo castigar culpables… sino también arrastrar inocentes en el mismo paquete.
Y cuando eso ocurre, la justicia deja de ser garantía de verdad para convertirse únicamente en herramienta de control.
