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Por David Alfaro
12/02/2026
El anuncio de un nuevo paquete de financiamiento por 1,300 millones de dólares por parte del Banco Interamericano de Desarrollo hacia la dictadura de Nayib Bukele, no debería leerse como una buena noticia automática para el pueblo salvadoreño, sino como una alerta política y económica.
No se trata de oponerse al financiamiento internacional en sí, sino de cuestionar a quién sirve, bajo qué condiciones se otorga y, sobre todo, quién fiscaliza su uso.
Hoy por hoy, El Salvador vive bajo un régimen de opacidad institucionalizada. Existe reserva de información sobre gastos públicos, contrataciones y uso de fondos estatales hasta por siete años. Es decir, el dinero se ejecuta hoy, pero el pueblo sabrá cómo se gastó… cuando ya no haya responsables que rindan cuentas.
En ese contexto, resulta profundamente irresponsable que organismos multilaterales continúen otorgando miles de millones de dólares sin garantías reales de transparencia, auditoría independiente y control ciudadano. Financiar sin exigir rendición de cuentas no es cooperación: es complicidad financiera con el dictador.
Bukele no le rinde cuentas a la Asamblea, no le rinde cuentas a instituciones contraloras debilitadas y, en la práctica, tampoco le rinde cuentas al pueblo. Sin embargo, es ese mismo pueblo el que terminará pagando cada centavo de esta deuda mediante impuestos, reducción de servicios o futuros ajustes económicos.
La historia latinoamericana está llena de préstamos que se anunciaron como desarrollo y terminaron convertidos en cargas sociales impagables y dictadores multimillonarios en el exilio. Cuando el dinero público se maneja bajo reserva, el riesgo de corrupción, sobreprecio y desvío de fondos deja de ser sospecha y pasa a ser una probabilidad estructural.
Por eso, más que celebrar cifras millonarias, la pregunta central es otra:
¿Quién controla el destino de esos 1,300 millones? Así como ¿quién ha controlado los casi 15 mil millones que Bukele ha recibido en préstamos?
Porque cuando no hay transparencia, el financiamiento externo no fortalece la democracia: fortalece al poder que no rinde cuentas… y endeuda al pueblo que sí paga.
