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Por Leonel Herrera*
El Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque concedió esta semana arresto domiciliar para los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES. Esto significa que continuarán detenidos en sus casas hasta la audiencia preliminar prevista para febrero de 2024. Antes de ir a sus viviendas deberán permanecer una semana en el Hospital Nacional Rosales debido a su grave situación de salud.
Durante más de seis meses la jueza María Elizabeth Amaya Rivera negó en dos ocasiones la petición de medidas sustitutivas a la detención y luego tardó 53 días en realizar la audiencia especial de revisión de medidas ordenada por la Cámara Penal de Cojutepeque el 30 de junio, alargando así el sufrimiento de los defensores ambientales encarcelados en condiciones vergonzosamente inhumanas y degradantes desde el 11 de enero.
Finalmente, la presión de la comunidad y las organizaciones nacionales e internacionales hizo que para el sistema judicial salvadoreño fuera insostenible mantener a los ambientalistas en prisión, sobre todo después del llamado a liberarlos que hizo Naciones Unidas, a través de la Relatoría Especial sobre Defensores de Derechos Humanos, y la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que este mes pidió al Estado un informe sobre el caso.
Santa Marta y ADES han exigido que la resolución sea cumplida de inmediato, principalmente por la urgencia de recibir atención médica debido al precario estado de salud de los detenidos confirmado en los informes del Instituto de Medicina Legal (IML). El llamado es directamente a la Dirección General de Centros Penales que en muchos otros casos ha ignorado órdenes judiciales.
También han exigido a la Fiscalía que se abstenga de apelar el fallo y piden anticipadamente a la Cámara de Cojutepeque que rechace cualquier recurso legal orientado a mantener a los líderes comunitarios en la cárcel. Lo que Fiscalía debería hacer -si quisiera mostrar un poquito de decencia y respeto a la legalidad- es retirar su acusación espuria contra los activistas ambientales, tal como lo solicitaron el pasado 12 de agosto varias organizaciones del movimiento social.
El alivio que representa el arresto domiciliar -y la posibilidad de que los detenidos se repongan de los graves estragos en su salud física y mental causados por el encarcelamiento cruel- no deben bajar la presión social, sino que más bien deben incrementar la exigencia y la movilización hasta revertir este arbitrario e injusto proceso penal contra los activistas de Cabañas.
La pelea jurídica y social es porque la acusación sea anulada por falta de pruebas, por violentar la Ley de Reconciliación Nacional de 1992 y porque no se debe instrumentalizar la justicia para perseguir a líderes comunitarios que defienden el agua, el medioambiente y la vida gravemente amenazada por las intenciones gubernamentales de reactivar la minería.
Y la lucha que sigue es por mantener la prohibición de la minería metálica a fin de evitar una catástrofe ambiental que ponga en riesgo la continuidad de la vida en este paisito que es la casa de todos y todas, incluidos los que participan en esta perversa y cruel conspiración jurídica y política contra los ambientalistas anti mineros de Cabañas.
*Periodista y activista social.
