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Saúl Méndez
Colaborador
Ante la cuarta prórroga en la entrega del fallo absolutorio para los líderes ambientalistas de Santa Marta, Alfredo Leiva, vocero de la comunidad, informó que procederán a denunciar formalmente al Tribunal de Sentencia de San Vicente ante la Cámara de Segunda Instancia por incumplimiento de deberes y retardo de justicia, si el fallo no es entregado a más tardar el 30 de enero como lo ha indicado el tribunal.
Leiva sostuvo que esta “estrategia dilatoria” mantiene en zozobra a los procesados, a sus familias y a la comunidad en general, además de impedir que los líderes ambientalistas puedan ejercer plenamente su derecho a la libertad.
La entrega del fallo escrito estaba programada para el pasado 9 de enero; sin embargo, el tribunal informó de un nuevo retraso y nuevamente argumentó que la medida se debía a que el fallo se encuentra en revisión.
“En la comunidad estamos profundamente preocupados por esta estrategia, que únicamente prolonga el proceso y no permite que nuestros compañeros se reintegren en plenas condiciones a las labores que venían realizando en defensa de los bienes comunes”, afirmó.
Teodoro Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Laínez, Arturo Serrano, Alejandro Laínez, Saúl Rivas, José Castañeda y Saúl Rivas fueron capturados el 11 de enero de 2023, acusados de un presunto asesinato ocurrido en 1989, en el contexto del conflicto armado, pero fueron absueltos el 24 de septiembre de 2025 por Tribunal de Sentencia de San Vicente.
El vocero de la comunidad explicó que la demora en la entrega de las copias íntegras de la resolución absolutoria forma parte de una estrategia de dilación por parte del tribunal, ya que mientras dicho documento no sea entregado no puede iniciarse el periodo de apelaciones, ni cerrarse definitivamente el proceso judicial.
«Estamos ya preocupados y a partir de esa preocupación pensamos recurrir a las instancias correspondientes para denunciar a este tribunal por estos retrasos».
La comunidad también exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) que, una vez entregadas las copias íntegras del fallo absolutorio, se abstenga de interponer recursos de apelación, con el fin de que el proceso judicial pueda concluir de manera definitiva.
Según señalaron, el objetivo de esta petición es que los líderes ambientalistas no solo puedan reincorporarse a sus actividades, sino que también gocen plenamente de la libertad que legalmente les corresponde.
Asimismo, la comunidad advirtió que dará seguimiento al caso conforme a lo establecido en el artículo 173 del Código Procesal Penal, el cual contempla la posibilidad de presentar una denuncia ante la Cámara de Segunda Instancia.
Milton Rivas, familiar de uno de los imputados, aseguró que desde el momento que fueron capturados, ellos tenían claro que se trataba de un proceso político para debilitar la lucha antimineria metálica.
«Como familia, nos ha afectado mucho porque a tres años de haber iniciado este proceso, ninguno de ellos ha estado con la tranquilidad de poder recibir justicia», afirmó.
«Es lamentable que estuvieran ocho meses presos, y pues debido a las exigencias que hicimos se logró que estuvieran con arresto domiciliario», explicó.
«Imaginémonos en el caso, estuvieran presos y no hubieran dado el fallo para que estuvieran con arresto domiciliario, estuvieran retrasándoles ahí, aún teniendo ya una resolución favorable, que a tres años no fueron capaces de encontrar ninguna prueba en el caso que se los ha estado acusando», aseveró Rivas.
“Esperamos que el 30 de enero se entreguen las copias, tal como está programado; de lo contrario, procederemos a denunciar al tribunal ante las instancias correspondientes”, concluyó la comunidad.
