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Saúl Méndez
Colaborador
Peter Nataren, integrante de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) Santa Marta, que han emprendido una lucha histórica contra la minería metálica en El Salvador, compartió su evaluación sobre la situación de la comunidad y el trabajo en materia de defensa de los derechos humanos durante 2025, y analizó el panorama que se perfila de cara al año preelectoral 2026.
Nataren calificó 2025 como un año particularmente difícil y cuestionó el contexto político y judicial del país. “Este ha sido un año muy difícil con la dictadura bukeleana. Vamos a cerrar el año sin poder obtener un veredicto escrito en el caso de los cinco ambientalistas de la comunidad, en un sistema que ha otorgado prórrogas hasta en tres ocasiones, algo inédito”, afirmó, al referirse al caso de los líderes ambientalistas de Santa Marta, absueltos el pasado 24 de septiembre.
“Para nosotros es muy preocupante porque este año también se sumó el caso de Eugenio Chicas, quien fue un testigo clave en este proceso”, relató Nataren.
Recordó que Chicas fue capturado el 13 de febrero de 2025, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) del delito de enriquecimiento ilícito en perjuicio de la administración pública. No obstante, según la Comunidad Santa Marta, detrás del proceso existen “motivaciones políticas”, ya que Chicas es testigo en la causa penal que enfrentaron los cinco líderes comunitarios.
“Fue capturado a principios de este año. Seguimos sin conocer su estado, su situación de salud e incluso sin tener acceso a un proceso justo dentro del sistema judicial”, denunció Nataren.
“Como comunidad, vemos con mucha preocupación la captura de Ruth López y del abogado Enrique Anaya, quienes aún permanecen en la mazmorra de este sistema carcelario injusto, sin acceso a la justicia”, expresó el líder comunitario.
Nataren también se refirió a la reciente resolución del caso de Alejandro Henríquez, abogado ambientalista, y de José Ángel Pérez, pastor de la comunidad El Bosque. Ambos fueron capturados en mayo de 2025 tras participar en una manifestación pacífica para evitar el desalojo de unas 300 familias de esa comunidad.
“Nuestra solidaridad con nuestros hermanos ambientalistas, Alejandro y el pastor Ángel Pérez, quienes han enfrentado un juicio que, digámoslo así, los ha callado. Han sido voces muy importantes y han tenido que someterse a ese proceso para poder estar con sus familias”, afirmó Nataren.
“A esto se suma, lamentablemente, lo ocurrido ayer (lunes 22 de diciembre) en el caso del compañero Melara, de quien esperábamos que pudiera regresar con su familia”, agregó Nataren.
José Santos Melara, excombatiente de 70 años, conocido como Pepe Melara, permanece detenido desde el 31 de mayo de 2024, acusado de presuntamente planificar un atentado contra la toma de posesión presidencial. Pese a los argumentos de la defensa, que solicitó medidas alternas a la detención debido a su delicado estado de salud, relacionado con la diabetes e hipertensión, el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado negó la petición.
La jueza del caso resolvió mantener la detención provisional al considerar que el imputado ha presentado mejorías en su condición de salud y que no era necesario modificar la medida cautelar.
“Eso es lo que evaluamos en un sistema injusto que hemos denunciado durante tres años. El caso Santa Marta cumplirá tres años el próximo 11 de enero. Esperamos que el día 9, así como han reprogramado la entrega de este fallo, finalmente sea posible. De lo contrario, estaríamos cerrando prácticamente tres años con este proceso”, denunció Nataren.
Añadió que esta situación genera un impacto profundo en la organización comunitaria. “Para nosotros es una dinámica terrible, porque implica silenciar voces importantes de líderes que no pueden sumarse al trabajo organizativo de las comunidades en Cabañas”, sostuvo.
Asimismo, afirmó que existe una intencionalidad detrás de estos procesos judiciales. “Entendemos que la estrategia de la Fiscalía y de esta dictadura es mantenerlos en esa situación, impedirles estar con la gente, que es lo que siempre han hecho: defender el medio ambiente y nuestros recursos naturales en el departamento de Cabañas. Ahí también tenemos un enorme trabajo pendiente con la salvación del río Lempa, algo que como país debemos comprender”, aseguró.
Nataren amplió sus señalamientos a otras áreas críticas.
“Es muy preocupante lo que ha pasado en el tema de salud y en educación. También la persecución contra los pobres en este país, que no tienen futuro bajo esta dictadura. El caso del Centro Histórico es un ejemplo de cómo se ha desatado una cacería contra personas que durante años se han ganado la vida de manera honrada, pero que en el sistema actual ya no tienen cabida”, denunció.
A su juicio, el escenario podría agravarse en los próximos años. “Para nosotros esto puede incrementarse cada año más, en la medida en que el régimen entre en un proceso crítico, especialmente por la falta de acceso a recursos financieros de los bancos internacionales. Creemos que esto podría desembocar en una situación muy grave a partir de 2027”, advirtió.
“Con los pocos datos que se han liberado sobre el tema de pensiones para nuestros adultos y adultas mayores, vemos que se aproxima un momento muy difícil. La juventud, sinceramente, no tiene futuro en el sistema de pensiones ni en el trabajo en este país”, afirmó.
También habló sobre el rumbo del país para el 2026. “Evaluamos todo esto como un camino totalmente equivocado, en el que los pobres son los más afectados y serán quienes más sufran en este proceso crítico que vemos venir en los próximos meses”, sentenció.
“Para Santa Marta, al igual que para todas mis compañeras y compañeros de la comunidad, creemos que debemos prepararnos para lo que viene. Ese es un principio básico de la organización comunitaria y considero que la gente lo está entendiendo”, afirmó.
“La violación constante y sistemática de los derechos humanos ha obligado a muchas personas a abandonar el país durante 2025. Ha sido muy duro para muchísima gente que ahora se encuentra en México, así como para periodistas que también se vieron forzados a salir del país, y creemos que esa lógica podría intensificarse después de 2027”, advirtió.
“Entendemos que en este momento se ha detenido un poco la persecución abierta y las capturas masivas que vimos en 2025. Están cerrando el año sin nuevas detenciones, pero el ataque sistemático continúa. Esto ocurre porque entramos en un año preelectoral; después de las elecciones, sin duda, el escenario será muy distinto para nosotros como comunidad. Es un patrón normal en los procesos de las dictaduras”, sostuvo.
“La comunidad se va a preparar para ese escenario y ya lo estamos haciendo, junto a otras comunidades, tratando de crear las condiciones necesarias para defendernos de manera conjunta y proteger los derechos humanos de nuestra población”, concluyó.
