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Redacción Nacionales
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Un grupo de 160 personas de origen salvadoreño, latinoamericano, australiano y representantes de organizaciones de solidaridad radicadas en Australia dirigió una carta abierta al presidente Nayib Bukele en la que expresa su preocupación por lo que considera un deterioro de los derechos humanos y del Estado de derecho en El Salvador.
El documento, fechado el 6 de julio de 2026, solicita el cese de las presuntas violaciones a las garantías fundamentales y el restablecimiento de la democracia en el país.
La misiva sostiene que, desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022, diversos sectores de la sociedad salvadoreña han sido objeto de detenciones arbitrarias, persecución y otras acciones que, según los firmantes, afectan el ejercicio de derechos fundamentales. Entre los grupos mencionados figuran abogados, ambientalistas, transportistas, docentes, estudiantes, trabajadores de la salud, periodistas independientes, líderes religiosos, vendedores ambulantes y defensores de derechos humanos.
Los firmantes afirman que estas denuncias se sustentan en informes elaborados por organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, así como en publicaciones periodísticas. En ese contexto, citan informes del Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos para El Salvador (GIPES), de Socorro Jurídico Humanitario, de Cristosal y de la revista digital El Faro, entre otras fuentes.
Uno de los principales señalamientos contenidos en la carta hace referencia al informe de GIPES, el cual —según el documento— sostiene que existen «bases razonables» para considerar que durante la vigencia del régimen de excepción se habrían cometido crímenes de lesa humanidad mediante detenciones masivas arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual y persecuciones ilegítimas.
La carta reproduce cifras atribuidas a ese informe, entre ellas más de 89,000 personas detenidas desde marzo de 2022, el reconocimiento gubernamental de que alrededor de 8,000 personas eran inocentes, más de 403 fallecimientos registrados en centros penales hasta agosto de 2025 y 540 casos de desapariciones forzadas documentados hasta febrero de ese mismo año. Asimismo, los firmantes sostienen que el número de fallecimientos habría continuado aumentando posteriormente.
El documento también retoma denuncias atribuidas a Socorro Jurídico Humanitario, organización que ha cuestionado la aplicación del régimen de excepción y ha señalado que miles de personas sin vínculos con estructuras criminales habrían sido capturadas. Además, menciona denuncias sobre supuestos malos tratos en distintos centros penitenciarios, especialmente en Izalco y Apanteos, así como la presunta existencia de trabajo forzado para algunos privados de libertad.
De acuerdo con la carta, estas prácticas constituirían violaciones a las garantías reconocidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.
Los firmantes también cuestionan el papel de instituciones estatales como la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Según expresan, ambos organismos no estarían cumpliendo plenamente las funciones que les asigna la Constitución para proteger los derechos de la ciudadanía.
En la carta se sostiene que esta situación ha contribuido, según los suscriptores, al debilitamiento de la justicia, el debido proceso, la libertad de expresión, la libertad de reunión y otras garantías constitucionales. Asimismo, los firmantes afirman que el país atraviesa un proceso de concentración del poder que, desde su perspectiva, ha sido señalado internacionalmente.
Como conclusión, los suscriptores hacen un llamado al presidente Bukele para que adopte medidas encaminadas a poner fin a las presuntas violaciones a los derechos humanos y promueva el restablecimiento de la institucionalidad democrática. La carta finaliza con la consigna «¡Democracia sí, dictadura no!» y señala que fue suscrita inicialmente por 160 personas residentes en Australia.
