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Oscar López
@OscarCoLatino
El Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) presentó un sondeo de opinión en el que se recogen las apreciaciones de los salvadoreños sobre el desplazamiento interno forzado por la violencia y los resultados de las medidas extraordinarias de seguridad ejecutadas por el Gobierno.
La encuesta fue realizada con el apoyo de la organización no gubernamental Cristosal.
Rina Montti, de Cristosal, agregó que la encuesta reflejó que los salvadoreños consultados consideran necesaria la creación de una legislación que contemple no solo sanciones a los victimarios, es decir, a personas o grupos de personas que obligan a otras a abandonar sus hogares, sino también programas de atención integrales para las víctimas.
Los datos de la encuesta indican que el 5.2 % de los salvadoreños reportó desplazarse de sus hogares por razones de inseguridad.
“Se hizo un análisis exponencial a las personas adultas, esto señala que son más de 235 mil personas las que se desplazaron durante el 2018”, dijo Montti.
La miembro de Cristosal detalló que del total de personas desplazadas, el 63.8 % considera salir del país, asimismo el 36.2 % no desea hacerlo. “Es decir, que el 36.2 % de personas se plantea una reubicación interna, eso es una oportunidad de oro tanto para las personas que en primera instancia no están considerando irse, como para el 63.8 % que dice que la opción que tienen es migrar”.
De igual forma, el estudio de opinión también reveló que los salvadoreños manifestaron solidaridad hacia las víctimas de desplazamiento forzado causado por violencia, ya que el 51.5 % de los encuestados afirmó que aceptarían en sus colonias o comunidades a personas que huyen de la violencia.
En cuanto a la implementación de las medidas extraordinarias de seguridad, la encuesta indica que el 75 % de los encuestados consideró que dichas medidas no contribuyeron a la reducción de la delincuencia.
Los consultados afirmaron que están de acuerdo con aplicar sanciones drásticas a quienes hayan cometido algún delito, asimismo, la mayoría está de acuerdo en que deben respetarse los derechos humanos de todas las personas, incluso quienes están en conflicto con la ley (69.4 %).
