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@BeatrizCoLatino
La Sala de lo Constitucional declaró que no existe inconstitucionalidad en el decreto ejecutivo avalado por el Presidente de la República, cialis Mauricio Funes, illness que dispone de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) para apoyar a la Policía Nacional Civil (PNC) en operaciones de mantenimiento de la paz interna, purchase es decir, en apoyar para combatir la criminalidad e inseguridad que la ciudadanía enfrenta.
De acuerdo a los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González y Eliseo Ortíz, quienes firmaron la sentencia por “unanimidad”, el decreto avalado por el ejecutivo este año fue emitido con base “en razones suficientes que justifican su excepcionalidad, subsidiariedad, temporalidad y estricta necesidad, dada la situación de criminalidad e inseguridad ciudadana que vive el país”. Los magistrados explican que el “demandante manifestó que el decreto impugnado se emitió con el pretexto de combatir la delincuencia común, la delincuencia organizada, el narcotráfico y el lavado de dinero, sin que la policía haya sido superada en número por los grupos delincuenciales”, por lo que el uso del ejército en esas tareas era ilegal.
También razonaba que a las “FAES no le está asignada la obligación constitucional de proporcionar seguridad pública –art. 212 Cn.–, sino que solo tiene el deber de defender la soberanía del Estado y la integridad del territorio”. “La Sala consideró que la medida tomada por el Ejecutivo es excepcional, ya que el control del delito puede justificar la misión particular de las FAES cuando se aportan razones concretas de la insuficiencia de los medios estatales ordinarios para ello; en el caso de la subsidiariedad, se justificaron las medidas a realizar por las FAES, como los decretos de vedas de armas y la ley especial para entrega voluntaria de armas de fuego. Y, además, la duración de la misión excepcional se considera compatible con el art. 168 ord. 12° Cn. Por tanto, el decreto ejecutivo emitido no es inconstitucional”.
La inseguridad en el país es una crisis que se enfrenta desde hace más de dos décadas y que se ha recrudecido en los últimos meses. Los homicidios son la mayor preocupación de la población, ya que a diario cerca de 10 personas mueren de forma violenta. La ONU, en un informe especial estableció que El Salvador ocupa el cuarto lugar de los países más violentos.
Aunque los magistrados aclaran que es una “obligación del Estado adoptar, en forma permanente, las medidas orientadas a recuperar la efectividad de los medios ordinarios para mantener el orden público, la paz interna y la seguridad ciudadana”.
Los togados exhortan al Ejecutivo a proponer los refuerzos “presupuestarios suficientes y necesarios para afrontar la grave crisis de seguridad que enfrenta el país, y desarrollar políticas de fortalecimiento y especialización del personal policial en las tareas prevención y represión del delito”. Desde la gestión del ex presidente Francisco Flores, pasando por la de Antonio Saca, se crearon decretos ejecutivos para que el ejército participara en el apoyo a las labores de seguridad. Esas labores también fueron retomadas por el Presidente Mauricio Funes. Este año Funes avaló que se reforzara con más soldados la labor y se tenga más personal en los centros educativos del país, mismos que han sido punto de ataques a estudiantes y de extorsiones para los docentes.
