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Oscar López
@Oscar_DCL
El Banco Davivienda Salvadoreño, S.A., interpuso una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por considerar que la sentencia de la Sala de lo Civil contiene una serie de violaciones a los derechos constitucionales del banco.
“Declárase improcedente la demanda de amparo presentada por los abogados Mario Enrique Sáenz y Luis Gerardo Hernández Jovel, en calidad de apoderados de la sociedad Banco Davivienda Salvadoreño, Banco Davivienda, Banco Salvadoreño o Bancosal, todos Sociedad Anónima contra la Sala de lo Civil”, dice la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional.
Sin embargo, la Sala de lo Constitucional de la CSJ indicó en su sentencia que: “En virtud de las circunstancias y aclaraciones apuntadas, se concluye que no se advierte la trascendencia constitucional de todos los aspectos formulados en la queja sometida a conocimiento de esta Sala”.
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional fundamentaron su decisión en que el reclamo formulado con relación a los actos impugnados “se basa en cuestiones de estricta legalidad ordinaria y de simple inconformidad con las actuaciones impugnadas”.
La demanda interpuesta está relacionada con el caso en el que la Sala de lo Civil dictaminó que el Banco HSBC (ahora Banco Davivienda) debía pagar 49 millones 314 mil 303 dólares con 55 centavos a la sociedad “José Antonio Salaverría y Compañía de Capital Variable”, en concepto de intereses legales del 12 % anual, costas procesales, daños y perjuicios calculados desde la fecha del peritaje hasta su total liquidación y pago efectivo, lo cual omitió resolver en la sentencia.
Para el Banco, la decisión de la Sala de lo Civil, no es correcta, ya que argumentó que debió pronunciarse únicamente por la cantidad solicitada por la sociedad, que era de 22 millones 727 mil 764 dólares con 32 centavos.
La Sala de lo Constitucional enfatizó en que la queja constituye cuestiones de estricta legalidad ordinaria y de simple inconformidad con las actuaciones impugnadas. Asimismo, agrega: “Los citados profesionales pretenden que esta Sala actúe como si fuera otra instancia revisora de la aplicación de la legalidad secundaria o de las valoraciones probatorias efectuadas en el juicio sumario”.
En diciembre del 2020 se conoció que si la Sala de lo Constitucional no resolvía en tres meses sobre la demanda de amparo, el Banco Davivienda presentaría una demanda internacional contra el Estado de El Salvador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de no menos de $49 millones. Fundamentada en que el Banco consideró que existe una “demora sumamente inusual e irrazonable” de parte de la Sala Constitucional al no admitir la demanda de Amparo (presentada en julio del 2019) y la “inusual rapidez y naturaleza de la ejecución de la sentencia de la Sala Civil”.
