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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, resolvieron a favor del veto presidencial promovido contra el Decreto Legislativo 781, aprobado el 26 de noviembre pasado, en el que se destinaban fondos para alcaldías, beneficios a veteranos de guerra y la contrapartida de FOMILENIO II. En este Decreto, los parlamentarios reformaban el Decreto 640 en el que se incluían $400 millones de dólares para reforzar el Presupuesto General de la Nación 2020.
De estos fondos, la reforma establecía $288.2 para las alcaldías en pago del FODES para los meses de junio a diciembre de este año. También $50 millones de contrapartida de Fomilenio II, $16 millones para completar el pago de beneficios de veteranos y excombatientes del Conflicto Armado y $45 millones para proveedores del sector privado del Estado.
La Sala estableció que las reformas son inconstitucionales por vicio de forma, por infringir los principios de planificación y equilibrio presupuestario establecidos en el artículo 226 de la Constitución. Con esto los magistrados admitieron los argumentos del presidente Nayib Bukele con el veto presidencial, ya que la Asamblea Legislativa ignoró lo aprobado por el Decreto Legislativo 608 del 26 de marzo del 2020, en el que autorizó al ramo de Hacienda adquirir deuda pública con emisión de títulos valores en rubros distintos que no se incluyeron en la reforma del Decreto 781.
“La razón es que el Órgano Ejecutivo en el ramo de Hacienda no tuvo intervención en la reforma al Decreto Legislativo n° 640, de 5 de mayo de 2020, no obstante, que este regula normas presupuestarias específicas, cuya emisión requiere la intervención de dicha autoridad, que está obligada a concurrir a la Asamblea Legislativa o a sus comisiones cuando sea convocada para atender aspectos presupuestarios; si no concurriere sin causa justificada, se tendrá por evacuada la consulta”, establece la resolución.
Ante esta decisión, los magistrados aclaran que, el Decreto Legislativo nº 781, del 26 de noviembre de 2020, no llegó a convertirse en ley, por lo que la reforma del Decreto Legislativo n° 640, de 5 de mayo de 2020 que regulaba, no surtió efecto alguno, de manera que continúa vigente el aludido Decreto Legislativo n° 640 en los términos en que fue aprobado y con los efectos que le son propios, que no implican una reforma al presupuesto en ejecución.
