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Redacción Nacionales
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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia decretó auto de exhibición personal y nombró al juez Harold Iván Córdova Solís para que averigüe sobre las vulneraciones constitucionales alegadas por la defensa sobre la salud del abogado Enrique Anaya, capturada hace un par de semanas.
La corte señala que se nombró al Juez Córdova Solís para intimar al fiscal general y al jefe de la Subdivisión de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC), a fin de pronunciarse sobre las posibles vulneraciones a los derechos de defensa e integridad alegado por la defensa en cuanto a la salud de Amaya.
Según los abogados defensores, pese a la condición de salud, a Anaya se le ha negado la atención médica, una ultrasonografía esquelética y un chequeo integral, por ello, el titular de la Fiscalía General de la República y el jefe de la Subdivisión de Tránsito Terrestre deben responder a los requerimientos.
Ambos funcionarios deberán gestionar y asegurar que Anaya reciba cualquier tratamiento o procedimiento médico necesario, e informarlo a la autoridad judicial en un plazo de 3 días, y en un plazo de 15 días tendrán que informar a la Sala de lo Constitucional sobre su observancia.
El juez Córdova Solís deberá verificar los escritos presentados por la defensa, las solicitudes de atención médica, el acceso a la carpeta de investigación, el historial médico de Anaya, los tratamientos recibidos y su estado de salud actual.
Los abogados defensores señalaron que Anaya fue detenido el 7 de junio en virtud de una orden de captura que inicialmente fue mostrada en formato digital y luego impresa, sin embargo, no le informaron los hechos concretos, solo se le leyó que le imputaban lavado de dinero y activos.
“En la detención de Anaya concurren dos fundamentos que justifican el hábeas corpus, uno, la privación ilegal de la libertad, atribuido al uso excesivo de la fuerza, así como episodios de desaparición forzada de corta duración y afectaciones a su dignidad e integridad personal; y segundo, la superación del plazo máximo constitucionalmente previsto para la detención administrativa”, reza la notificación de la Sala de lo Constitucional.
Los abogados reiteraron que en la captura de Anaya intervinieron más de 10 agentes de la PNC, quienes apuntaron con arma de fuego al hijo del detenido, lo cual fue un acto “irrazonable y desproporcional”, ya que el imputado no opuso resistencia y pese a ello, fue esposado y expuesto de manera indigna para ser fotografiado.
