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Redacción Nacionales
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El periodista Roberto Valencia aseguró que existen miles de personas inocentes detenidas en el marco del régimen de excepción en El Salvador, y cuestionó la falta de resultados visibles de un supuesto equipo gubernamental encargado de revisar casos de capturas erróneas. Valencia, incluso, habló de dos casos de personas de haber sido capturadas en el régimen de excepción, siendo inocentes.
Durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán, Valencia señaló que el propio Gobierno ha reconocido la liberación de aproximadamente 8,000 personas detenidas inicialmente como presuntos pandilleros.
“Si el Gobierno ha liberado 8,000 personas, entonces tiene que admitir que no eran terroristas. Eso no es ‘algún inocente’: es casi el 10%”, afirmó, por lo tanto no se trata de un caso de un preso capturado por error o injustamente.
Casos concretos de inocentes detenidos
El periodista afirmó conocer múltiples casos de personas inocentes capturadas durante el régimen de excepción, entre ellos el de un joven identificado como Winston Escobar, detenido desde 2023 pese a existir testimonios hasta de investigadores policiales que respaldan la inocencia, del joven, quien el viernes enfrentará un juicio de revisión de medidas, luego de haberse suspendido una primera vez, y que espera quede en libertada.
Según Valencia: “El Estado está tan consciente de que es inocente que lo tiene trabajando en reconstrucción de escuelas bajo régimen de confianza, aunque ni siquiera ha sido condenado”.
Escobar ha sido parte dun grupo de prisioneros, a los que el gobierno califica de “terroristas”, pero que los tiene en un programa de “reos de confianza”, sin haber sido vencido en juicio, lo que va en contra de la ley.
Indicó que este tipo de situaciones reflejan una contradicción dentro del sistema penitenciario, ya que legalmente los beneficios de fase de confianza solo corresponden a personas con sentencia firme, cuyo trabajo le sirve para disminuir la pena, lo cual no es el caso de Escobar ni el otros en la misma situación.
El otro caso fue el de una joven que estuvo entre ocho y nueve meses en prisión porque la abuela de un pandillero llamó a la policía, y por esa llamada la capturó. La jovén estuvo presa, a pesar de su inocencia, y a pesar de que su familia siempre fue informante de la policía, por lo que tenía serio “choques” con la clica que controlaba en su comunidad.
Cuestionamientos sobre el equipo revisor de casos
Valencia también se refirió a declaraciones de Ibrajim Bukele sobre la existencia de un grupo encargado de revisar denuncias de capturas arbitrarias.
A su juicio, si dicho equipo existe, sus resultados no se reflejan en liberaciones masivas. “Si esa comisión estuviera funcionando, debería verse en la salida de docenas de personas inocentes cada semana.”, dijo Valencia.
El periodista consideró que la iniciativa podría responder más a presiones internacionales recientes que a un mecanismo institucional consolidado.
Impacto de informes internacionales
Valencia también se refirió a los informes recientes elaborados por expertos vinculados al sistema de Naciones Unidas que han advertido que el régimen de excepción podría estar generando violaciones graves a derechos humanos e incluso posibles crímenes de lesa humanidad.
Aunque reconoció que públicamente el Gobierno suele restar importancia a estas críticas, sostuvo que internamente sí le generan preocupación al Gobierrno, pues, seguramente a Nayib Bukele le encantaría un reconocimiento de estos organismos internacionales.
“Al personaje político pueden resbalarle esas críticas en redes, pero al Estado salvadoreño sí le importa su imagen internacional.”, manifestó Valencia
El llamado “modelo Bukele”
Sobre el denominado “modelo Bukele”, Valencia sostuvo que su característica central es la concentración del poder en el Ejecutivo y la debilitación de los contrapesos institucionales entre los tres órganos del Estado.
Según explicó: “El modelo Bukele consiste en haber diluido las fronteras entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial.”
Añadió que esta situación limita la independencia del sistema judicial y afecta los mecanismos de control propios de un Estado democrático. Es más, dijo, el sistema judicial está bajo las órdenes del mismo presidente de la República.
