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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
El 28 de febrero sucedió un cambio brusco de la realidad salvadoreña, originado en los resultados de las elecciones legislativas, del PARLACEN y de concejos municipales de ese día.
Se crearon las condiciones para que un presidente de la república, con vocación dictatorial, tenga en sus manos la capacidad de hacer los cambios que se le ocurran y le ordene a sus diputados.
La Asamblea Legislativa dejará de ser contrapeso al órgano Ejecutivo, y de ese modo, los organismos internacionales, los financistas del déficit presupuestario, le ordenarán al Gobierno que imponga nuevos tributos para asegurar la capacidad de pago a la deuda externa.
El Gobierno no tendrá excusas, para desobedecer sus dictados, pues es sabido que todos los diputados electos de su partido, con los que puede tomar decisiones de mayoría calificada, se comprometieron a apretar el botón cada vez que se los pida.
Se concentró el poder institucional y solo queda como alternativa el poder del pueblo organizado.
La economía viene transformándose y aún quienes votaron por el partido del presidente, aseguraban en las encuestas antes de las elecciones que su economía familiar no estaba bien, ahora irá para peor.
El primer anuncio ha sido dado por ANDA, revisar las tarifas de agua y subsidios; los precios de la energía eléctrica y los combustibles venían subiendo los últimos meses, y los nuevos impuestos anunciados castigarán más el bolsillo de las mayorías.
Los economistas nos advierten que el acuerdo entre el Gobierno y el FMI trae un conjunto de nuevos tributos. Aumento a los impuestos a la gasolina, el diésel, al IVA, el mono tributo que pagarán los negocios informales y el impuesto al patrimonio.
El presidente es al mismo tiempo un empresario y por tanto será incapaz de establecer tributos con sentido progresivo (más a los que tienen más); sin duda, el peso de la carga tributaria caerá sobre las espaldas de las capas medias y el pueblo pobre.
Los despidos en alcaldías, en la Asamblea Legislativa, le seguirán a los miles de despidos que se han dado en el Ejecutivo y entidades autónomas, y aún no se recuperan decenas de miles de empleos perdidos durante la pandemia. La demanda interna se basa en la capacidad de compra de la gente, y en este contexto difícilmente se recupera la economía si sus habitantes carecen de ingresos.
Si aumentaran el salario mínimo, ayudaría a que quienes tienen los salarios más bajos amortigüen la carga de los aumentos de servicios y la inflación; al menos esta reivindicación debe ser levantada y respaldada por los trabajadores organizados y no organizados.
Para este escenario que sin duda generará descontento, el Gobierno ha adelantado su defensa con el entrenamiento de una policía apta para reprimir cualquier protesta y que es reforzada por la imagen intimidante de los hombres vestidos de verde, los soldados de la desobediencia a resoluciones judiciales es ya una práctica cotidiana de este gobierno; así, ni el amparo de jueces favorecerá a las víctimas como lo ha demostrado con los miles de despedidos amparados, sin que se les cumpla el reinstalo o las indemnizaciones.
En las consecuencias que para el pueblo tenga una gestión legislativa alineada a los planes del presidente y del Fondo Monetario Internacional, en el uso de la fuerza represiva y la desobediencia, estará sin duda la necesidad de fortalecer la organización popular.
Con tanto poder concentrado, sin contrapesos institucionales, quedará claro a la gente la validez de ese añejo pero vigente pensamiento: “Solo el pueblo salva al pueblo”.
Sin duda, para silenciar la protesta estarán la represión y los medios de comunicación, condicionados por los ministerios, la policía o la SIGET, además de la propaganda melodramática creada para atrapar la atención de la gente con cualquier escándalo.
Para los partidos políticos, el desafío está en comprender la nueva realidad y definir lo que quieren ser después del golpe recibido al perder espacios de incidencia.
Gana y CD se deben sentir “ganadores”, estarán sin duda siempre al lado del presidente; el resto tienen o tenemos la responsabilidad de rehacer la fuerza; es posible, claro que sí.
El debilitamiento de la democracia, el auge del autoritarismo golpeará a las mayorías del pueblo, incluso para quienes con entusiasmo decidieron con su voto este escenario.
Toca a la izquierda, al FMLN, y al movimiento social, responder a los desafíos que plantea el resultado electoral que se expresa en pérdida de beneficios sociales, negación de libertades y derechos, así como en golpes a la economía familiar.
Para quienes menospreciaron la importancia de los avances democráticos alcanzados con la firma de la paz, les tocará reaprender que en este país la democracia, los derechos a la organización, a opinar con libertad, a exigir información; entre otros, se logra y se defiende con lucha.
