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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Organizaciones ambientales presentaron un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue a las empresas Saltex, Prefasa, PREFABRICADOS, De La Roca y De La Peña, por incumplir la orden de suspender la extracción de material pétreo en el Cerrito de Quezaltepeque.
Las comunidades del municipio de Quezaltepeque, junto a la Asociación Nayarit Mujeres y Juventudes, Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador (AMAES), El Movimiento Ecofeminista de El Salvador y el Foro del Agua, pidieron a la FGR investigar por qué estas empresas no cumplen las medidas dictadas por la jueza ambiental, Oneyda Cáceres, según resolución del pasado 29 de mayo.
Dalia González, representante del Foro del Agua, dijo que la jueza decretó medidas cautelares para detener la extracción de material pétreo del Cerro conocido como “El Cerrito”, en el municipio de Quezaltepeque, departamento de La Libertad, dicha extracción es con maquinaria pesada.
“Según la jueza, es tanto el daño ambiental que en la resolución manifestó que independientemente si algunas tuvieran o no permisos ambientales, las medidas cautelares serían para todas las empresas debido a la destrucción de El Cerrito y por ello, debe detener esa actividad”, sostuvo.
Pese a la resolución estas empresas no han acatado la orden del Juzgado Ambiental, por ello, las organizaciones y comunidades de la zona le exigieron al fiscal general tomar cartas en el asunto e investigue, sancione con cárcel y multe a quienes estén detrás de estas empresas por el delito de desobediencia de particulares.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 338 del Código Penal, al existir desobediencia a una orden judicial dictada por un funcionario o autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, será sancionada con prisión de uno a tres años y sanción de cincuenta a cien días multa.
Las organizaciones manifestaron que ha existido un atentado al principio de autoridad emanado por la jueza ambiental de San Salvador, al no acatar la orden judicial de cesar actividades, omitiendo de esta manera un acto legal de un funcionario público que debió ser cumplido desde su notificación.
Asimismo, exigieron a las empresas cumplir con las medidas cautelares dictadas a favor de las comunidades de Quezaltepeque para proteger “El Cerrito”, por tratarse de una zona ambiental importante. Además, pidieron a la FGR, Juzgados Ambientales y Ministerio de Medio Ambiente respaldar las medidas impuestas.
