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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“El principal tema en este año 2023 ha sido el Régimen de Excepción, el cual fue impuesto por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022, es decir, ya un año y 9 meses. Y uno de los problemas más denunciados con esta medida han sido las detenciones arbitrarias. ya son más de 72 mil 600 personas capturadas”, manifestó José Acosta, director de Voces en la Frontera, una organización con sede en los Estados Unidos.
En un resumen sobre la situación de derechos humanos y la población rural en El Salvador criticó, que la medida que tomó el gobierno para combatir la inseguridad pública, ha terminado impactando a población inocente, que a su vez, ha generado otros problemas tan graves como desempleo, desunido hogares y aumento de la migración.
“Sabemos también que se ha mantenido la denuncia de personas inocentes detenidas a lo largo de este año, las organizaciones que le dan seguimiento a estos temas reportan más de 5 mil víctimas directas del régimen que han sufrido atropellos, violentando sus derechos humanos y todo esto genera una gran preocupación en organizaciones como la nuestra y muchas otras que trabajamos los derechos humanos”, explicó.
Para el director de Voces en la Frontera, el reconocimiento oficial de que hay 7 mil personas que han recuperado su libertad, que en algún momento del año pasado o el presente fueron capturadas, ya sea por la agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) o militares de la Fuerza Armada (FAES), es evidencia de que hay gente sin vínculos con grupos criminales guardando prisión en situaciones inhumanas.
“Si firmaron su liberación, significa que hubo y se reconoce que eran 7 mil personas inocentes que ahora son víctimas del régimen. Por todo esto consideramos que el régimen de excepción no es una buena política de seguridad de país. Y se debería realizar una reevaluación de esta medida y buscar mejores mecanismo que respeten los derechos humanos”, opinó Acosta.
Otro de los temas importantes de país que debe retomar de manera urgente el gobierno es el relacionado con la violencia en general y específicamente la “violencia contra la mujer”. Acosta consideró que esta problemática está presente en todo el territorio nacional en diferentes manifestaciones, y eso invalida al país como seguro y democrático.
“Los índices de feminicidios y desapariciones de mujeres se mantienen elevados, por ejemplo, de enero a octubre del presente años hubo 38 feminicidios -según ORMUSA- y en el año 2022, cerró con 68 muertes violentas de mujeres, obviamente, esto es un grave problema de país, y es gran preocupación para nuestra organización Voces en la Frontera”, indicó.
“De hecho, actualmente, estamos apoyando proyectos y programas con organizaciones de mujeres en el departamento de Morazán, que están haciendo un importante trabajo de acompañamiento a muchas víctimas de violencia sobre todo intrafamiliar, porque esto genera un impacto fuerte no sólo a la mujer, sino a sus niños y niñas que a la larga genera un ciclo de violencia que se va reproduciendo”, expresó Acosta.
En cuanto al costo de la vida y el alza en la Canasta Básica, Acosta consideró que será otro “problema fuerte” que deberá trabajar el Gobierno, en especial, el tema de los pequeños productores en pequeño y el precio de los alimentos para amplias mayorías en el país.
“El encarecimiento del precio de los alimentos está asociado a situaciones sociopolíticas de otros países que repercuten como los costos de los insumos agrícolas. Si antes producir una manzana de maíz tenía un costo de 400 dólares, ahora esto se ha duplicado cuesta 800 dólares, y estamos hablando de pequeños productores, no tendrán oportunidad”, refirió.
“Y si sumamos todos los impactos del cambio climático, que este año se manifestó con el Fenómeno de El Niño, entonces, esta sequía afectó la mayor parte de cultivos más que todo en la zona oriental del país, esto es muy preocupante y tiene que ver con la vulnerabilidad del territorio, producto de toda la depredación ambiental y deterioro ecológico que se ha sumado en los últimos años”, reafirmó Acosta.
Sobre el tema ambiental, Acosta señaló que el gobierno, a lo largo de sus casi 5 años de gestión, no ha mostrado esfuerzos serios en “materia de política ambiental”, tras considerar que no había interés en impulsar acciones concretas con la intención de proteger los ecosistemas.
Y por el contrario, destacó el desbloqueó de proyectos urbanísticos que tendrá profundos impactos ambientales, y citó como ejemplo el complejo Valle del Ángel, en el municipio de Apopa.
En esa línea, José Acosta consideró que son muchas las “problemáticas” que se mantienen y acechan la seguridad de la población, y sólo genera incertidumbre, ante un nuevo marco de vulneración de derechos humanos, que van desde la libertad de expresión hasta la libertad de la protesta pacífica y la libertad de asociarse de la población.
“Nos preocupa también que se han escuchado voces de funcionarios intentando abrir un debate para derogar la ley que prohíbe la minería metálica, un logro de la lucha de muchas organizaciones ambientalistas, sociales, comunidades del departamento de Cabañas, en 2017”, manifestó.
“Nosotros nos unimos en un esfuerzo de lucha conjunta, y se llegó a ese resultado de prohibir la minería metálica en el país, pero, hay intentos de reabrir el debate, y así como se aprobó esta ley también se puede derogar y ahora la derecha controla la Asamblea Legislativa, es una gran preocupación para toda la población”, concluyó Acosta.
