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Redacción Nacionales
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El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) informó que 480 personas han muerto dentro de las cárceles salvadoreñas luego de ser detenidas bajo el régimen de excepción. De esta cifra, el 94 % no tenía vínculos con pandillas.
A través de su cuenta en X, la organización informó que 480 salvadoreños han muerto en 47 meses que lleva el régimen de excepción, medida estatal que ha violentado los derechos humanos de miles de personas que nada tienen que ver con pandillas.
Estas personas fallecidas dentro de los centros penitenciarios no habían sido vencidas en juicio, murieron bajo la tutela del Estado “y en total impunidad”, lamentó el Socorro Jurídico.
El régimen se aprobó el 27 de marzo de 2022, luego de un repunte de homicidios, tras romperse una tregua entre el gobierno y una de las pandillas. Para esta semana, se prevé que vuelva a prolongarse el régimen de excepción, ya que el actual vence el 31 de enero.
“Los pandilleros mataban con brutalidad. El Estado ahora mata con impunidad. Y las víctimas siguen siendo los mismos: gente pobre, inocente, sin juicio, sin defensa”, dijo Ingrid Escobar, defensora de derechos humanos desde el exilio, ya que el Gobierno la intentó apresar.
Escobar citó las cifras del SJH, institución que ella presidía en El Salvador. “Al menos 480 salvadoreños han muerto en prisión sin haber sido vencidos en juicio. El 94% no tenía perfil de pandillero. Murieron bajo custodia estatal. Murieron en silencio, murieron sin justicia”, añadió.
“Esto no es seguridad, es represión disfrazada de orden. Esto es castigo colectivo, es muerte institucionalizada. Si el Estado mata sin juicio, sin pruebas, sin defensa… ¿En qué se diferencia de los criminales que juró combatir? La violencia no se erradica con más violencia. Se transforma con justicia, dignidad y verdad”, concluyó.
Las autoridades de Seguridad han informado la detención de más de 90 mil presuntos pandilleros en el régimen de excepción; pero, entre ellos, se ha documentado que hay miles de personas que no eran pandilleros, sino que fueron apresadas por el cumplimiento de una cuota, por denuncias anónimas o por insistir en saber información de sus familiares detenidos.
Organizaciones defensoras de derechos humanos como el Socorro Jurídico y Cristosal han documentado detenciones arbitrarias, torturas, negligencias e incluso muertes en los centros penales durante la vigencia del régimen.
