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Para la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), las nuevas medidas sanitarias a adoptar para combatir la COVID-19 deben estar basadas en criterios epidemiológicos y respetar los derechos fundamentales.
La semana pasada, el Gobierno presentó ante la Asamblea Legislativa un nuevo proyecto de Régimen de Excepción, para detener el avance de la pandemia que ya suma los 6,173 casos confirmados en el país, a 13 días de la reapertura económica.
El proyecto establece que el Ministerio de Salud es el que definirá qué sectores industriales y comerciales están autorizados para funcionar. De acuerdo con la institución, esta atribución es de la Asamblea y, por lo tanto, debería quedar explícita en el decreto, en caso de que sea aprobada.
“Es necesario definir una ruta de acciones fundamentadas en la vigilancia epidemiológica en el ámbito local, así como la identificación de zonas sujetas a control sanitario, según las variaciones en el nivel de riesgo de infección en distintos departamentos, municipios u otras jurisdicciones del país (…). Se debe contar también con la aprobación de protocolos para permitir el trabajo en diversos sectores y mantener controlado el riesgo de casos importados”, expuso.
Consideró que, para detener la diseminación del virus, la creación de cercos comunitarios, acompañada de acciones para prevenir contagios, controlar los casos y rastrear contactos, puede ser mucho más efectiva que una cuarentena general.
“La vigilancia epidemiológica se debe incluir una campaña masiva de educación sobre las medidas recomendadas para prevenir el contagio y que se trabaje coordinadamente con los gobiernos locales. Esto deberá acompañarse de un mayor número de pruebas, un sistema de trazado de contactos más efectivo, que logre aislar individualmente, tanto los casos sintomáticos como los asintomáticos de COVID-19”, agregó.
Según FUSADES, aunque ya no se está insistiendo en querer restringir un derecho fundamental como es la libertad de circulación, se propone que se le dé al órgano Ejecutivo la facultad de limitar ciertos derechos constitucionales, como el de libertad económica, restricciones que solo las puede definir la Asamblea Legislativa.
FUSADES resaltó que, antes de que se aprueben nuevas medidas, “el Ejecutivo debe rendir cuentas de todas las medidas ya aplicadas, incluidos los regímenes de excepción anteriores y los decretos de cuarentena general decretados por el Ministerio de Salud, así como de las investigaciones realizadas contra abusos de la autoridad”.
