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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira, manifestó que está a favor de la cadena perpetua, pero el trasfondo con esta medida es que el Gobierno “utiliza el sentimiento y el miedo como una herramienta para montar una acción propagandística”.
El legislador sostuvo que, si se pasara una encuesta en la opinión pública, la gran mayoría de salvadoreños aprobaría una cadena perpetua, la cual está prohibida por Constitución y lo seguirá estando; solo que, el oficialismo y aliados la habilitaran únicamente en casos de especial gravedad, como homicidios, terrorismo y violaciones.
Lira explicó que el problema de fondo es otro, pues “el gobierno está usando ese sentimiento —y, sobre todo, el miedo— como una herramienta para montar una acción propagandística y desviar la atención de lo que es realmente importante en el día a día de los salvadoreños”.
A juicio de Lira, el Gobierno manipula la opinión pública para “evitar rendir cuentas sobre los informes que señalan vulneraciones a derechos de personas inocentes, así como el constante debilitamiento de la democracia y las libertades en nuestro país”. Es de contextualizar que hace unas semanas, un grupo de expertos en derechos humanos presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe de crímenes de lesa humanidad que se han cometido en las cárceles salvadoreñas bajo el régimen de excepción.
Por supuesto, esto no cayó en gracia al Gobierno ni al oficialismo ya que, para ellos, no hay ninguna violación a los derechos humanos en El Salvador. El gobierno ha criticado este informe y lo ha desacreditado; de hecho, en la opinión pública analítica, se dice que la reforma constitucional para habilitar la cadena perpetua es una respuesta a ese informe.
Lira señaló que el Gobierno y el oficialismo le mienten a la población “descaradamente” y se aprovechan del deseo de justicia y el miedo, sin reformar de fondo el sistema judicial.
Ya que según explicó el diputado, las penas en el país ya alcanzaban hasta 60 años antes de esta reforma y en algunos casos se han acumulado penas, que suman hasta más de 200 años, “por lo que lógicamente esto ya representaba una pena de por vida”.
Además, externó que el fiscal y los magistrados al hablar de la cadena perpetua “se contradicen, porque nos dicen que las penas estarán sujetas a revisiones periódicas. Es decir, en la práctica, nada cambia, más allá de la percepción que quieren instalar de que se está fortaleciendo la justicia”.
Sobre este punto, la reforma al Código Penal establece un artículo 92-B para revisar las penas perpetuas impuestas en un periodo de 25 a 40 años dependiendo de los imputados, los delitos y la gravedad. Luego una revisión en 5 años.
El artículo en cuestión señala que la pena de prisión perpetua se ejecutará, con revisión obligatoria una vez cumplidos: “a) Veinticinco años, para delitos cometidos por menores de edad; b) Treinta años, si fuere un solo delito; c) Treinta y cinco, si hubiese concurso de delitos; d) Cuarenta años, cuando concurra una agravante específica o extrema gravedad cualificada.
Un análisis de simple lógica indica que, por ejemplo, un adulto (de 25 años) que habría cometido el delito de feminicidio agravado, le saldría mejor con cadena perpetua porque en todo caso, habría que guardar prisión por 40 años hasta que nuevamente haya una revisión de su condena y obtener una “libertad controlada” (a sus 65 años); ya que si es condenado por la pena máxima del feminicidio agravado serían 50 años (saldría a sus 75 años) reduciendo 10 años.
Sobre este planteamiento, Lira comentó que esto, “no es solo un detalle legal; es una contradicción matemática que deja en evidencia que la reforma podría terminar siendo un beneficio encubierto para criminales de alta peligrosidad, bajo el disfraz de -mano dura-«.
“Le venden justicia al país, pero en realidad acortan las condenas. Hoy, un feminicida puede recibir hasta 50 años de cárcel efectiva. Pero con la llamada –cadena perpetua-, el Estado queda obligado -por tratados internacionales- a incluir revisiones de la pena, generalmente a los 40 años”, explicó Lira.
“Hagan la cuenta: le están devolviendo 10 años de esperanza a un asesino a cambio de un titular hoy (en referencia a una noticia actual). Cambian una condena real de medio siglo por una etiqueta que suena fuerte en redes, pero que en la práctica puede ser más corta”, agregó Lira.
Lira criticó que el Gobierno busca distraer a la gente “con palabras rimbombantes”, para que no se hable de otros temas que le señalan como las violaciones a DDHH y la corrupción. “La seguridad no es un espectáculo de -likes-; se construye con leyes coherentes. El oficialismo le miente nuevamente a la gente: esta reforma es un retroceso disfrazado de avance, que termina siendo más flexible con el delincuente que la legislación actual”, concluyó.
